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La embajadora y representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata Torres, expresó este lunes su preocupación por las consecuencias regionales e internacionales derivadas de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a analizar el impacto de la operación.
Ante los miembros del Consejo, la diplomática subrayó que las acciones unilaterales contrarias al derecho internacional representan una amenaza directa para la estabilidad de América Latina y el Caribe, al tiempo que profundizan la crisis humanitaria que ya atraviesa la población venezolana.
“Acciones unilaterales contrarias al derecho internacional ponen en riesgo la estabilidad regional, incrementan la inseguridad y agravan las ya complejas condiciones que experimenta la población civil”, afirmó.
Zalabata advirtió que los efectos de la operación trascienden las fronteras venezolanas, con impactos directos sobre países vecinos, particularmente Colombia, que comparte una extensa frontera con Venezuela.
En ese sentido, informó que el Estado colombiano ha adoptado medidas preventivas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad fronteriza, en coordinación con autoridades locales y regionales.
“Colombia ha dispuesto medidas para atender eventuales necesidades de la población, especialmente de la población migrante”, señaló.
La representante colombiana recordó que el país ha sido históricamente receptor solidario de millones de venezolanos, y alertó que la actual crisis podría generar un flujo migratorio masivo, lo que implicaría una presión adicional sobre recursos y capacidades institucionales.
“Colombia ha sido y seguirá siendo receptor solidario de la población venezolana, ante la incertidumbre que puede generar un nuevo escenario de inestabilidad”, indicó.
En un tono crítico, Zalabata sostuvo que la captura de Maduro evoca los peores episodios de injerencia en la política latinoamericana, y advirtió que este tipo de acciones socavan el compromiso regional de mantener a América Latina como una zona de paz.
“Estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe y constituyen una clara amenaza a la preservación de la región como zona de paz”, afirmó, citando la Carta de la Organización de los Estados Americanos y otros instrumentos regionales.
La embajadora también llamó la atención sobre las implicaciones globales del operativo, especialmente por tratarse de una decisión adoptada por un miembro permanente del Consejo de Seguridad.
“Cuando un miembro permanente decide hacer uso de la fuerza y asumir control unilateral de otro Estado soberano, se sienta un precedente profundamente preocupante para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial”, advirtió, al considerar que se trata de una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas.
En su intervención, Zalabata fue enfática al señalar que la democracia no puede imponerse mediante la violencia ni estar subordinada a intereses económicos externos. “La democracia no puede ser promovida ni defendida mediante la violencia o la coerción, ni supeditada a intereses económicos ajenos”, sostuvo.
Según dijo, solo puede construirse “a través del respeto a la voluntad de los pueblos, del Estado de derecho, del diálogo político y de procesos pacíficos e inclusivos”.
La diplomática reafirmó que Venezuela debe definir su destino de manera soberana, sin imposiciones externas.
“Venezuela merece vivir en paz, en democracia, prosperidad y dignidad, con un gobierno definido soberanamente por el propio pueblo venezolano y sus instituciones”, expresó.
Finalmente, Colombia reiteró su disposición a trabajar activamente desde su nuevo rol como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ofreciendo sus buenos oficios diplomáticos y respaldando los esfuerzos de mediación del secretario general de la ONU.
Zalabata urgió a las partes involucradas a ejercer la máxima cautela, desescalar las tensiones y privilegiar el diálogo, con el fin de evitar nuevas violaciones al derecho internacional y proteger a la población civil venezolana.
