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Iwao Hakamada, un exboxeador profesional que trabajaba en una planta procesadora de miso, fue acusado del brutal asesinato de su empleador, la esposa de este y sus dos hijos en 1966. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados apuñalados dentro de su casa en Shizuoka, al oeste de Tokio, que posteriormente fue incendiada. Las autoridades alegaron que Hakamada cometió los asesinatos para robar 200.000 yenes en efectivo. Aunque en un principio negó los crímenes, Hakamada confesó bajo lo que describió como tortura, con interrogatorios que duraban hasta 12 horas diarias y agresiones físicas. Esa confesión forzada fue clave para que en 1968 fuera condenado a muerte por asesinato e incendio.
Sin embargo, las dudas sobre la legitimidad del caso contra Hakamada nunca se disiparon por completo. La principal prueba en su contra, unas prendas manchadas de sangre que supuestamente pertenecían al acusado, fueron objeto de escrutinio durante años. Encontradas en un tanque de miso un año después de su arresto, los fiscales argumentaron que las manchas de sangre eran de Hakamada, pero su equipo de defensa mantuvo que el ADN en las prendas no coincidía con el suyo y que la policía podría haber manipulado las pruebas.
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En 2014, el juez Hiroaki Murayama aceptó estos argumentos, destacando que “las ropas no eran las del acusado” y liberó a Hakamada de prisión, concediéndole un nuevo juicio. No obstante, el proceso legal se alargó por años, retrasando el inicio del nuevo juicio hasta 2023 y la absolución final hasta este mes de septiembre.
La absolución del tribunal se basó en un aspecto técnico de las pruebas presentadas en su contra: la naturaleza de las manchas de sangre en las prendas. La defensa argumentó que las manchas no se habían envejecido de la manera esperada tras estar sumergidas en pasta de soja durante tanto tiempo. Si hubieran sido genuinas, deberían haberse oscurecido, pero el hecho de que permanecieran rojas sugerencia que fueron plantadas deliberadamente. Esta hipótesis fue aceptada por el tribunal, que determinó que las prendas fueron manipuladas por los investigadores para incriminar falsamente a Hakamada.
Este veredicto es un triunfo tardío para la familia de Hakamada, en particular para su hermana Hideko, quien ha luchado incansablemente durante décadas por su liberación. "Cuando escuché las palabras 'no culpable', me emocioné tanto que no podía parar de llorar", confesó Hideko tras la absolución de su hermano, quien ha estado bajo su cuidado desde su liberación en 2014 debido a su grave deterioro mental.
Los 45 años que Hakamada pasó en el corredor de la muerte, en régimen de aislamiento y bajo la constante amenaza de ejecución, han dejado cicatrices profundas en su salud mental. Sus abogados y familiares señalan que su deterioro es tal que ni siquiera estaba en condiciones de asistir a la audiencia final en la que fue declarada inocente. Para Hakamada, la libertad llegó demasiado tarde, y su condición refleja el impacto devastador de un sistema judicial que tardó casi medio siglo en corregir su error.
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Este caso ha capturado la atención pública en Japón, y el jueves, más de 500 personas hicieron fila para conseguir un asiento en la sala del tribunal de Shizuoka, donde finalmente se dictó la absolución. Fuera del tribunal, los simpatizantes de Hakamada celebraron con vítores de "banzai", una expresión japonesa de júbilo.
El caso de Hakamada ha reavivado el debate sobre el uso de la pena de muerte en Japón, uno de los dos únicos países del G7, junto con Estados Unidos, que aún mantiene esta práctica. En Japón, a los presos condenados a muerte se les notifica su ejecución con apenas unas horas de antelación, una política que ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional por su crueldad psicológica. Además, los nuevos juicios para presos condenados a muerte son extremadamente raros; El de Hakamada es solo el quinto en la historia de la posguerra de Japón.
