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El caso de Manuela, una salvadoreña que murió cumpliendo una condena de 30 años de cárcel por homicidio, cometido supuestamente al abortar, llega este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ante ese tribunal, las organizaciones litigantes en el caso pedirán que el Estado de El Salvador adopte medidas para una reparación integral a la mujer y a su familia, y que se reconozca el hecho como una violación a los derechos humanos.
El caso de Manuela es el primero de este tipo llevado a la Corte IDH, con sede en Costa Rica, entidad que conocerá lo sucedido entre el miércoles y el jueves en una sesión virtual.
El expediente fue presentado por el Centro de Derechos Reproductivos, bajo la dirección regional de la colombiana Catalina Martínez, y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización de Aborto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2019 envió el caso a la Corte IDH tras considerar que El Salvador violó los derechos humanos de Manuela.
La activista Morena Herrera señaló este martes en una conferencia de prensa virtual que se pedirá que se "establezcan medidas" para que "El Salvador tenga que cumplir con diferentes responsabilidades, por una parte aspiramos a que pueda reconocer su responsabilidad en un acto público y pueda restablecer la dignidad de Manuela".
"Al dignificar la figura de Manuela también se va a dignificar la figura de muchas mujeres que han transitado del hospital a la cárcel (...) consideramos que es importante esa reparación moral, no solo para la imagen de Manuela y su dignidad como víctima, sino como parte de la reparación moral a su familia por el sufrimiento causado", agregó Herrera.
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Las litigantes aspiran a una "reparación integral, que se garanticen sus derechos (a la familia) y medios para restablecer sus proyectos de vida" añadió la activista.
También buscan asegurar tratamiento médico y psicológico para los hijos de Manuela y que puedan recuperar las posibilidades de tener un proyecto de vida digna.
Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, aclaró que no están "haciendo una demanda millonaria", sino que aspiran "a que la familia tenga una vida digna, unas condiciones básicas y dignas".
El caso
Manuela, según relató Sara García de la Agrupación Ciudadana, "vivía en situación de pobreza en una zona rural y no podía leer ni escribir".
En febrero de 2008, explicó García, Manuela estaba en un río "lavando ropa y sufrió una caída. Al día siguiente comenzó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal, presentaba una emergencia obstétrica, expulsó un feto y se desmayó".
Se trataba de un parto prehospitalario a causa de "su precaria salud y su familia la trasladó a un hospital público en busca de ayuda" añadió la activista.
En el hospital, a pesar de su grave estado de salud, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto y la Policía la esposó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado, según su defensa.
García agregó que la familia de Manuela fue "obligada a declarar sin saber lo que pasó y el papá de Manuela fue obligado a que pusiera su huella en un documento en el que denunciaba a su propia hija".
Manuela, que padecía de un cáncer linfático "no fue tratada adecuadamente", agregó García. La mujer fue condenada a 30 años de prisión en agosto de 2008 y en abril de 2010 murió esposada a una cama de un hospital público según la defensa.
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Manuela tenía 31 años cuando fue condenada y 33 años cuando falleció. Dejó en la orfandad a dos hijos que actualmente tienen 21 y 19 años.
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.
Tras los dos días de audiencia, se espera que los jueces se tomen entre seis meses y un año para dictar sentencia.
