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El Grupo de La Haya, una iniciativa inaugurada este viernes por nueve países, coordinará varias medidas de presión a Israel para frenar el “genocidio” del pueblo palestino, y sus miembros prometen impedir el atraque de buques en su territorio si llevan combustible y armas al territorio israelí cuando hay riesgo de que se usen para “violar” el derecho internacional.
Belice, Bolivia, Cuba, Colombia, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica también se comprometieron a cumplir con los principios que recoge el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), y ejecutar las órdenes de arresto emitidas en noviembre contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza.
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La inauguración de este nuevo grupo se hizo en una rueda de prensa en la ciudad neerlandesa de La Haya, hogar de la CPI y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, y representantes de los nueve países presentaron una declaración con las primeras acciones que van a tomar, aunque han invitado a otros Estados a sumarse a su iniciativa, convocada por la organización Internacional Progresista.
Las intenciones
La declaración recoge tres medidas. Además de ejecutar las órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant, prometen “prevenir la provisión o transferencia a Israel de armas, municiones y equipos relacionados, en todos los casos en los que exista un riesgo claro de que puedan ser usadas para cometer o facilitar violaciones” del derecho internacional o de la prohibición del genocidio.
En este caso, hacen referencia a la opinión consultiva emitida por la CIJ el pasado julio sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí.
La Corte consideró que las políticas de asentamientos “violan el derecho internacional” y su "presencia continua" en Palestina es "ilegal". Le exigió la “evacuación de todos los colonos”, el “desmantelamiento” del muro de separación, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.
En su tercera medida, prevendrán el atraque en su jurisdicción territorial de cualquier barco “en todos los casos en los que haya un riesgo claro de que la embarcación pueda ser utilizada para transportar combustible militar y armamento a Israel, que pueda ser usado para cometer o facilitar violaciones” de leyes internacionales.
“Tomaremos medidas efectivas adicionales para poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina y eliminar los obstáculos para la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, incluido el derecho a su Estado de Palestina independiente. Invitamos a todos los Estados a tomar todas las acciones y políticas posibles para poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina”, agregaron.
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Alto el fuego
En la rueda de prensa, Isaura Cabañas Verano denunció, en nombre de Cuba, los “horrendos crímenes internacionales contra la humanidad, genocidio, castigo colectivo y apartheid que se están cometiendo contra el pueblo palestino” y recordó que la Corte es “la última esperanza del pueblo palestino”, señalando que esta se encuentra en una situación “compleja” en este momento dada la amenaza con sanciones por parte de Estados Unidos.
Assad Shoman, representante del Gobierno de Belice, dijo: “debemos dejar de hablar de este sinsentido de derecho a la defensa ¿derecho a qué, a matar?”. Y pidió dar al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación porque entonces “todo estará en su lugar”.
El embajador palestino, Ammar Hijazi, definió esta inauguración de “momento histórico” y lamentó que en estos momentos las “autodenominadas democracias estén sancionando” a las ONG por hablar sobre Palestina, pero también a instituciones internacionales como la CPI por emitir investigar a Israel.
“Las bombas habrán dejado de caer llevándose vidas y destruyendo a la población civil de Gaza, pero eso no significa que los crímenes horrendos del ocupante ilegal han parado, continúan con impunidad”, señaló Hijazi sobre el actual alto al fuego en Gaza, lamentando que el mundo esté ahora cada vez más “gobernado por grupos de extrema derecha”.
Mientras, lamentó, en Jerusalén y la Cisjordania ocupada, los militares israelíes y los “colonos terroristas están llevando a cabo una guerra contra los civiles”, y advirtió de que “la situación en palestina es apocalíptica, pero es aún más terrorífica cuando nos damos cuenta de qué es lo que pasa si permitimos que la humanidad mire al otro lado”.
Los nueve países enfatizaron “la necesidad de garantizar la rendición de cuentas” y defendieron “la acción colectiva mediante medidas legales y diplomáticas coordinadas”, a nivel nacional e internacional, como “un imperativo urgente” para defender los principios de justicia y responsabilidad.
