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El salario mínimo en Colombia se mantiene sin cambios luego de la suspensión del decreto original por parte del Consejo de Estado. Aunque el alto tribunal frenó la norma que fijaba el incremento, ordenó al Gobierno expedir una medida transitoria, la cual conserva exactamente los mismos valores anunciados inicialmente.
En cumplimiento de esa orden, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto provisional que dejó intactas las cifras del salario mínimo para 2026, mientras avanza el proceso judicial sobre la legalidad del acto original.
¿Por qué el salario mínimo sigue igual?
La clave está en que la decisión del Consejo de Estado no modificó el monto del salario mínimo, sino que suspendió el sustento jurídico del decreto inicial y pidió que se emitiera uno nuevo cumpliendo ciertos criterios legales.
El Gobierno acató la orden dentro del plazo establecido y expidió un decreto transitorio con la misma cifra, pero esta vez con una justificación ajustada a los lineamientos exigidos por el tribunal.
Esto significa que, en la práctica, los trabajadores seguirán recibiendo el mismo salario definido a finales de 2025, aunque su validez jurídica continúa en revisión.
Así queda el salario mínimo en Colombia tras decisión del Consejo de Estado
Actualmente, el salario mínimo para 2026 se mantiene de la siguiente manera:
- Salario básico: $1.750.905
- Auxilio de transporte: $249.095
- Total mensual: $2.000.000
En conclusión, no hubo cambios en el ingreso mensual, pero el proceso sigue abierto y será el Consejo de Estado el que, en una decisión futura, determine si el decreto cumple o no con todos los requisitos legales.
¿Qué implica esto para trabajadores y empleadores?
En términos prácticos, tanto trabajadores como empleadores deben seguir aplicando el salario mínimo vigente sin cambios. No hay ajustes adicionales ni modificaciones en los pagos, ya que el decreto transitorio mantiene las condiciones actuales.
Sin embargo, el tema sigue bajo análisis en el Consejo de Estado. El proceso continuará con la revisión de recursos pendientes, la evaluación del decreto expedido por el Gobierno y, más adelante, una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto original.
Esto significa que, aunque el salario mínimo se mantiene igual por ahora, su sustento jurídico aún está siendo evaluado, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas decisiones en el futuro.
