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El salario mínimo en Colombia continúa bajo revisión jurídica luego de que el Consejo de Estado ratificara la suspensión provisional del decreto que definía el incremento para 2026. La decisión, adoptada inicialmente el 12 de febrero, se mantiene vigente y establece que el Gobierno debe justificar el aumento con base en criterios legales mientras se emite un fallo definitivo.
La Sección Segunda del alto tribunal analizó varios recursos presentados por uno de los demandantes, quien cuestionaba la medida por una supuesta extralimitación y falta de coherencia. Sin embargo, el despacho concluyó que la decisión se ajusta a la ley y no implica un prejuzgamiento, ya que no fija un porcentaje específico, sino que exige cumplir con los lineamientos establecidos.
¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre el salario mínimo?
El Consejo de Estado dejó claro que su decisión no fija cuánto debe subir el salario mínimo, sino que establece cómo debe hacerlo el Gobierno mientras se define si el decreto original es legal o no.
En otras palabras, el tribunal no está reemplazando al Ejecutivo ni tomando la decisión por él. Lo que hizo fue poner reglas claras: el aumento debe estar bien explicado, sustentado técnicamente y ajustado a lo que exige la ley.
Por eso, también rechazó los recursos que buscaban tumbar la suspensión. Consideró que su decisión no es anticipada ni exagerada, sino una medida temporal válida dentro del proceso.
Además, negó una solicitud de aclaración porque, a su juicio, la orden ya era suficientemente clara y no tenía vacíos.
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¿Qué viene ahora para el salario mínimo en Colombia?
Lo que sigue con el salario mínimo en Colombia es principalmente un proceso judicial que todavía tiene varias etapas por delante, por lo que no habrá una decisión definitiva en el corto plazo.
Primero, el caso pasará a otro magistrado que deberá estudiar un recurso presentado por el Gobierno contra la decisión inicial que suspendió el decreto. Ese análisis será clave porque puede confirmar o ajustar lo que ya ordenó el Consejo de Estado.
Después de eso, la Sección Segunda volverá a revisar el tema, pero esta vez enfocándose en si el decreto que expidió el Gobierno como medida transitoria cumple realmente con las condiciones que le exigió el tribunal. Es decir, verificará si el aumento fue justificado con criterios técnicos, con el mismo peso para cada variable económica y con soporte en datos oficiales.
Paralelamente, el proceso principal que busca definir si el Decreto 1469 de 2025 es legal o no seguirá su curso. Esta es la etapa más importante, porque ahí se tomará la decisión de fondo. Sin embargo, este tipo de fallos suelen tardar, ya que implican el análisis de múltiples demandas, argumentos técnicos y pruebas.
En términos simples, lo que viene es una revisión por etapas: primero los recursos pendientes, luego el análisis del decreto transitorio y, finalmente, una sentencia definitiva. Mientras todo esto ocurre, el tema del salario mínimo seguirá siendo evaluado dentro de un proceso que combina lo jurídico con lo económico.
