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La Contraloría General de la República alertó sobre un déficit que afecta la financiación de los subsidios de energía y gas en el año en curso y que presiona la sostenibilidad fiscal del sector, en un contexto de retrasos en los giros y mayores obligaciones acumuladas desde la pandemia.
Durante la quinta Mesa Técnica Conjunta de Seguimiento con la Procuraduría, la Contraloría informó que la apropiación inicial para los subsidios de energía eléctrica en 2025 alcanza los $3,16 billones, una cifra que “cubre apenas el 47% de los $6,6 billones requeridos”.
Según el seguimiento presentado, los pagos realizados a las empresas prestadoras suman $2,58 billones, equivalentes al 82% de los recursos disponibles. La Contraloría señaló que desde el Ministerio de Minas y Energía “se podrían agilizar pagos por $580.000 millones con recursos ya existentes en el presupuesto”.
Déficit en subsidios de energía
La Contraloría también explicó que el retraso en los giros compromete la estabilidad financiera de las empresas del servicio eléctrico y aumenta la presión fiscal del Estado.
En el caso de los subsidios de gas combustible, el proyecto nacional ya ejecutó el 100% de los recursos asignados para este año, lo que dejó el presupuesto agotado. El organismo precisó que existe la necesidad de apropiar “al menos $750 mil millones adicionales para cubrir lo que resta del año”.
Gas combustible: recursos agotados y necesidad de adiciones
En el gas licuado de petróleo, los programas de subsidio e infraestructura muestran una ejecución del 71%, mientras que la iniciativa de sustitución de leña —clave para la transición energética— alcanza apenas el 17%. En este caso, se calcula que el Ministerio podría agilizar pagos por $45.500 millones con recursos ya apropiados.
La deuda de la opción tarifaria Covid-19 sigue sin solución
La Contraloría General de la República también llamó la atención sobre el estado de la opción tarifaria implementada durante la pandemia. La deuda acumulada asciende a $4,5 billones, de los cuales $2,6 billones corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y 3.
Aunque en algún momento se propuso que esta obligación fuera reconocida como deuda de la Nación, la Contraloría recordó que “la medida no fue incluida en los proyectos de Ley de Financiamiento ni en el presupuesto de 2026”.
El organismo anunció que avanza en un modelo analítico de datos en tiempo real, desarrollado junto con la Dirección (Diari), que permitirá monitorear mensualmente los pagos, los saldos pendientes y la ejecución de los recursos destinados a subsidios de energía y gas.
El ente de control también reiteró su preocupación por la situación de Air-e S.A.S., empresa que permanece bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos. La Contraloría aseguró que mantendrá el seguimiento a las medidas adoptadas para garantizar la prestación del servicio en la Región Caribe.
La Contraloría destacó que el proyecto de inversión para 2026 contempla un incremento del 37,1%, con una destinación de $4 billones para subsidios. Sin embargo, advirtió que la cifra “sigue siendo insuficiente frente a los requerimientos reales del sector” y pidió asegurar una planeación presupuestal oportuna y en línea con las necesidades del sistema energético.
El organismo resaltó el trabajo conjunto con la Procuraduría y otras entidades del Estado para fortalecer la vigilancia sobre los recursos destinados a subsidios y a la transición energética. “Seguiremos actuando con objetividad y rigor técnico, para garantizar que cada peso invertido en subsidios energéticos se traduzca en bienestar social”, expresó la Contraloría.
