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En medio del consejo de ministros que se adelanta con la presencia del presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso el panorama fiscal del Gobierno frente a las inundaciones registradas en el norte del país y las alternativas para conseguir recursos.
El funcionario explicó que el Ejecutivo había solicitado a la Corte Constitucional el levantamiento de la suspensión de la anterior declaratoria de emergencia económica, con el fin de acceder a las medidas que ya habían sido adoptadas. Sin embargo, indicó que no ha habido respuesta y que el Gobierno debe buscar otras alternativas para atender la situación.
“El gobierno no puede paralizarse frente a esta realidad y tiene que buscar caminos y alternativas para obtener los recursos adicionales”, señaló el ministro durante su intervención.
Se requieren cerca de 8 billones para la recuperación
En ese contexto, el ministro explicó que el frente frío se presentó en una época de sequía, con precipitaciones inusuales que generaron inundaciones y una crisis en las cuencas del norte.
De acuerdo con las estimaciones preliminares presentadas por el Ministerio de Hacienda, la recuperación de las zonas afectadas requeriría cerca de 8 billones de pesos.
Impuesto al patrimonio a personas jurídicas
Ante la falta de una decisión de la Corte, el ministro explicó que el Gobierno contempla una nueva declaratoria de emergencia económica, con medidas distintas a las anteriores.
En ese escenario, la medida central sería un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con el objetivo de recaudar los recursos necesarios para atender la emergencia.
Ávila señaló que el tributo tendría un criterio progresivo y que buscaría evitar impactos sobre la pequeña y mediana industria. Por esa razón, se aplicaría únicamente a patrimonios líquidos a partir de 200.000 UVT, que equivalen aproximadamente a 10.000 millones de pesos.
A partir de ese umbral, se establecería una tarifa marginal del 0,6 % para patrimonios hasta 600.000 UVT, es decir, alrededor de 30.000 millones de pesos.
Para las empresas con patrimonios por encima de ese nivel, la tarifa sería del 1,2 %. Según el ministro, se trata de un impuesto dirigido a patrimonios empresariales elevados.
“El impuesto al patrimonio a personas jurídicas de patrimonios elevados correspondería más o menos a 15.000 empresas que nos contribuirían con ingresos por cerca de 8 billones de pesos”, indicó.
El funcionario explicó que este sería el mecanismo principal de financiación dentro de la nueva emergencia económica, el cual se establecería mediante un decreto posterior.
Argumentos del Gobierno sobre la emergencia
Durante su intervención, el ministro insistió en que los hechos que originaron la crisis climática son sobrevinientes y excepcionales, lo que, a su juicio, justifica la adopción de medidas extraordinarias.
También manifestó que el Gobierno espera que la Corte Constitucional actúe de manera coherente frente a la situación que enfrenta el país y permita la aplicación de medidas para atender la emergencia.
Referencia a inflación y salario mínimo
Ávila también se refirió al comportamiento de la inflación y al incremento del salario mínimo. Según dijo, las cifras recientes muestran que los impactos del aumento del salario mínimo han sido marginales.
“A todas luces se ha venido desmontando” la idea de que el incremento del salario mínimo tendría efectos inflacionarios significativos, afirmó, al señalar que los movimientos en la inflación registrados en enero no muestran un impacto relevante por esa decisión.
Con base en este panorama, el ministro concluyó que la nueva emergencia económica y el impuesto al patrimonio a empresas serían la principal alternativa del Gobierno para financiar la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones.
