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En medio del anuncio de una nueva emergencia económica para atender las inundaciones en Córdoba, el exsubdirector de la DIAN, Christian Quiñones, cuestionó en diálogo con La FM, el impuesto al patrimonio a empresas que plantea el Gobierno para recaudar 8 billones de pesos.
La medida fue confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el Ejecutivo había solicitado a la Corte Constitucional levantar la suspensión de la emergencia anterior, pero ante la falta de respuesta se estudia un nuevo decreto con medidas distintas.
Según el ministro, la propuesta central contempla un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con patrimonios desde 200.000 UVT, equivalentes a unos 10.000 millones de pesos. Para patrimonios hasta 600.000 UVT, la tarifa sería del 0,6 %, y para los superiores, del 1,2 %. Ávila aseguró que alrededor de 15.000 empresas aportarían los recursos necesarios.
El jefe de la cartera económica afirmó que la crisis es “sobreviniente e impredecible” y sostuvo que los recientes aumentos del salario mínimo han tenido impactos marginales en la inflación.
Cuestionamientos al impuesto a empresas
Frente a la propuesta, el exsubdirector de la DIAN, Christian Quiñones, advirtió que el anuncio de una nueva emergencia genera preocupación.
“Es bastante amenazante el hecho de que el Gobierno anuncie que, si la Corte no se pronuncia, va a declarar esta nueva emergencia”, afirmó.
Según explicó, el Ejecutivo estaría recurriendo a una nueva figura luego de que la anterior emergencia fuera suspendida, con el objetivo de obtener recursos adicionales.
“Casi que uno diría que este tema de la ola invernal se ha sacado del sombrero como justificación para continuar con esta propuesta de ley de financiamiento”, sostuvo.
Riesgo de doble tributación
Quiñones señaló que el impuesto al patrimonio para empresas podría generar un escenario de doble tributación, al gravar tanto a la persona jurídica como a sus socios.
“El patrimonio de las empresas es de los socios. Si una parte de mi patrimonio como persona ya paga un impuesto y además lo tengo que volver a pagar por lo que tengo en esa empresa, hay un doble impuesto sobre una misma cosa. Eso es inconstitucional”, explicó.
Añadió que muchos de los accionistas de grandes empresas ya pagan impuesto al patrimonio como personas naturales, por lo que el nuevo tributo recaería nuevamente sobre los mismos activos.
Posibles reparos constitucionales
Quiñones aseguró que la medida podría enfrentar reparos constitucionales tanto por el diseño del impuesto como por la justificación de la emergencia.
“Bajo ninguna circunstancia. Si la anterior no tenía bases sólidas, esta sí que menos”, afirmó.
Explicó que para decretar una emergencia económica el Gobierno debe demostrar que no existen mecanismos ordinarios para atender la situación, algo que, según dijo, no se ha sustentado.
“Deben poner unas bases muy sólidas para decretar la emergencia. Cuando dicen que necesitan 8 billones, no están justificando por qué ni por qué no lo pueden hacer mediante el presupuesto ordinario”, concluyó.
Incertidumbre para la inversión
El exsubdirector de la DIAN también advirtió que la creación de impuestos extraordinarios puede aumentar la incertidumbre jurídica para los inversionistas.
“¿Qué tan atractivo puede ser para un inversionista estar en un país donde constantemente cambian las reglas del juego?”, cuestionó.
Además, señaló que el Gobierno fijó el monto de 8 billones de pesos sin que se conozcan estudios técnicos que respalden esa cifra.
“En menos de 24 horas ya identificaron y dijeron que son 8 billones el daño, y técnicamente no hay un estudio que diga que efectivamente se necesitan”, indicó.
