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El Gobierno expidió el decreto sobre el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025, por $511 billones.
Esta determinación fue adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público después de que el Senado no aprobara el proyecto inicial de presupuesto, que contemplaba un monto de $523 billones, de los cuales $12 billones dependían de una Ley de Financiamiento que no fue aprobada.
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El Congreso tenía plazo hasta el 20 de octubre para estudiar y aprobar el proyecto, pero el 24 de septiembre las comisiones económicas Tercera y Cuarta de la Cámara y el Senado rechazaron la iniciativa. Posteriormente, el 11 de diciembre, también se negó el proyecto de Ley de Financiamiento.
En un video reciente, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), explicó que el Gobierno se ha visto obligado a aplazar $12 billones destinados a programas de inversión social debido a la falta de aprobación de la mencionada ley. Según López, esta decisión mayoritaria del Congreso afecta recursos importantes para inversión social, sectores medios y población vulnerable.
El funcionario adelantó que el decreto de aplazamiento será emitido el 31 de diciembre y aseguró que el equipo económico, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha trabajado para proteger al máximo a los sectores más vulnerables. Sin embargo, López señaló que los recursos disponibles son insuficientes y que el Ejecutivo insistirá en una nueva ley de financiamiento o una reforma tributaria.
"Los que han sido protegidos por ese propio Congreso deben pagar los impuestos que corresponden, para que los sectores más vulnerables puedan recibir el apoyo del Estado", afirmó López.
A pesar de los ajustes presupuestarios, el Gobierno ha señalado que se han protegido partidas clave en áreas como educación, salud, reforma agraria, seguridad alimentaria y programas de protección para niños, jóvenes y adultos mayores.
De acuerdo con López, estas acciones forman parte de una estrategia para garantizar los derechos de la población y mantener el avance de los programas prioritarios.
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Finalmente, el director del DNP advirtió que algunas decisiones tomadas en el Congreso podrían tener repercusiones negativas en la población, y recordó que el Gobierno ha actuado conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y el artículo 348 de la Constitución Nacional para expedir el PGN a través de decreto.
El presupuesto definitivo para 2025, luego de descontar los $12 billones no aprobados en la Ley de Financiamiento, quedó establecido en $511 billones 7.132 millones, según lo explicado previamente por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
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