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La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación administrativa contra la sociedad D1 S.A.S. por presuntas fallas en su operación de comercio electrónico, luego de evidenciar posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tras revisar cerca de 13.000 quejas presentadas durante el segundo semestre de 2024, así como información recopilada en actuaciones administrativas previas.
Según la entidad, “se formuló pliego de cargos contra la sociedad D1 S.A.S., por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en el marco de la comercialización de productos y la prestación de servicios asociados a su canal de comercio electrónico”.
Fallas en pagos y transacciones
Dentro de los hallazgos, la SIC identificó posibles fallas en los sistemas de pago electrónico. Estas situaciones, de acuerdo con la investigación, “habrían generado doble cobro o impedido la correcta finalización de las transacciones”.
Problemas en calidad de productos
La autoridad también encontró reportes relacionados con la entrega de productos en condiciones que no cumplirían con los estándares exigidos. En particular, se registraron cerca de 700 quejas por productos en mal estado o vencidos.
Incumplimientos en entregas
Otro de los puntos señalados corresponde a los tiempos y condiciones de entrega. La SIC indicó que existen al menos 1.200 casos con inconvenientes como entregas incompletas, tardías, no realizadas o canceladas.
Publicidad y promociones bajo revisión
En materia de información al consumidor, la entidad advirtió posibles irregularidades en la publicidad. Según el informe, se habrían ofrecido productos con precios o descuentos que no coincidirían con los aplicados al momento de la compra.
Además, la SIC señaló que podría existir “omisión de información esencial en promociones”, al no detallar condiciones como restricciones o disponibilidad de unidades, lo que “podría inducir a error a los consumidores”.
Proceso en curso y derecho de defensa
La Superintendencia precisó que la formulación de cargos no implica una sanción. “La formulación de cargos no constituye una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la investigada”, indicó la entidad.
En ese sentido, durante el proceso se garantizará el derecho de defensa de la compañía, conforme a lo establecido en la ley.
Esta actuación hace parte de las acciones de la SIC para fortalecer la supervisión del comercio digital. La entidad señaló que busca promover “relaciones de consumo transparentes, seguras y ajustadas a la normativa vigente” en este tipo de canales.
