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A partir del 1 de julio de 2025, algunos jubilados en Colombia verán una reducción obligatoria en el valor mensual que reciben. Esto hace parte de los cambios contemplados en la reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo principal es promover un sistema más justo y solidario.
Aunque la normativa aún está en revisión por parte de la Corte Constitucional, de aplicarse, como está proyectada, impactará directamente a quienes reciben pensiones más altas en el país.
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La nueva estructura del sistema de pensiones se fundamenta en cuatro pilares:
- Pilar solidario
- Pilar semicontributivo
- Pilar contributivo
- Pilar de ahorro voluntario
Uno de los aspectos más importantes es que todos los trabajadores formales cotizarán en Colpensiones, y solo quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos (unos $3.274.050) destinarán el excedente de su salario a fondos de pensiones privados. Este cambio pondrá fin a la competencia entre Colpensiones y las AFP.
Pensionados que reciban estos ingresos tendrán descuento desde julio 2025
La reforma plantea que, a partir del 1 de julio de 2025, los pensionados que reciban una mesada superior a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) deberán hacer una contribución obligatoria al Fondo de Solidaridad Pensional.
- Jubilados con ingresos entre 10 y 20 smlmv (entre $14.235.000 y $28.470.000) deberán aportar un 1% de su pensión.
- Pensionados que ganen más de 20 smlmv (es decir, más de $28.470.000 mensuales) tendrán que contribuir con el 2% de su mesada.
Este descuento se aplicará automáticamente, sin importar si el beneficiario está en Colpensiones o en un fondo privado.
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Según la exposición de motivos de la reforma, este ajuste se realiza bajo el principio de solidaridad intergeneracional, donde los afiliados con mayores recursos ayudan a sostener el sistema y respaldan a los adultos mayores en condición de pobreza extrema.
El porcentaje recaudado se destinará a la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, con el propósito de garantizar una base económica más estable y proteger a quienes tienen menos recursos durante su vejez.
Aunque esta reforma ya fue sancionada por el presidente Petro, aún no está libre de obstáculos legales. La Corte Constitucional estudia varias demandas que señalan fallas en el procedimiento legislativo durante su aprobación.
La situación se ha vuelto más compleja por una ponencia negativa del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que cuestiona la constitucionalidad del proyecto. Además, la Procuraduría intervino en el proceso tras un error que obligó a reemplazar al funcionario encargado de emitir concepto sobre la reforma.
¿Qué puede pasar si la Corte no se pronuncia a tiempo?
Si la Corte Constitucional no emite un fallo antes del 1 de julio de 2025, la reforma empezará a aplicarse de todas formas. Esto ha generado inquietud entre expertos y sectores políticos, pues podría comenzar a regir sin que exista una decisión definitiva sobre su validez legal.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que se realice una audiencia pública para debatir la reforma, en medio de las tensiones crecientes entre el Ejecutivo y el alto tribunal.
