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En medio de la mesa de diálogo instalada tras la negativa de varios gobernadores a aplicar las medidas de la Emergencia Económica, los mandatarios departamentales llegaron este lunes al Ministerio de Hacienda con propuestas para modificar el decreto que impone un IVA del 19 % a licores y cigarrillos, rentas que por Constitución pertenecen a los departamentos.
Tras la reunión con el Gobierno Nacional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que no se alcanzaron acuerdos y advirtió que, si al finalizar el mes la Corte Constitucional no se pronuncia, su departamento no aplicará el decreto.
“Esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber ocurrido antes de decretar la emergencia económica. No hubo humo blanco, solo humo”, señaló Rendón, quien afirmó que los gobernadores quedaron a la espera de lo que decida la Corte Constitucional.
El mandatario explicó que Antioquia solicitará esta semana una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad, con el objetivo de que la Sala Plena suspenda los efectos tributarios de los decretos de emergencia. “Si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el Departamento de Antioquia se sostiene en lo que ratificamos la semana anterior: haremos uso de la excepción de inconstitucionalidad”, afirmó.
Rendón sostuvo que el decreto vulnera la Constitución. “Claramente lo que está contenido en la emergencia económica viola los artículos 294 y 362 de la Constitución y afecta de manera desproporcionada las rentas de nuestro departamento”, señaló.
El gobernador también desmintió que se hubiera llegado a algún acuerdo con el Ministerio de Hacienda. “No hubo acuerdo alguno. Yo estuve conectado la mayor parte de la reunión y no registro ningún acuerdo”, indicó.
Además, cuestionó una afirmación hecha por el ministro al cierre del encuentro. “Fue muy lamentable que dijera que este era un Estado central donde no había autonomía y que quienes no implementáramos las medidas tributarias tendríamos que vernos con los organismos de control”, señaló.
Según Rendón, los gobernadores interpretan esa afirmación como una advertencia. “De nuevo sale el Gobierno Nacional a amenazar en lugar de propiciar un espacio de conciliación”, dijo, y agregó que Antioquia no permitirá que, en un contexto electoral, “se cuadre caja con recursos que nosotros destinamos a financiar la salud, la educación y el deporte de nuestros paisanos”.
Sobre la posición del resto de mandatarios, el gobernador de Antioquia indicó que no percibe una división, sino un malestar generalizado. “Lo que noto es una clara insatisfacción por la forma como el Gobierno Nacional toma de los departamentos un tributo que por Constitución y por ley nos pertenece, como las rentas cedidas de licores, tabacos y juegos de suerte y azar”, afirmó.
Preocupación del Valle del Cauca por el régimen subsidiado y la caída de ingresos
En la misma línea se pronunció la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien expresó su preocupación por el impacto fiscal del decreto, especialmente en el financiamiento del
Toro aseguró que durante la reunión preguntó si la Nación asumiría esos costos. “Si yo no tengo con qué pagar el régimen subsidiado, que hoy son 63 mil millones de pesos, y con el aumento del impuesto esto se va al doble, es decir, a 120 mil millones, ¿el Gobierno Nacional lo va a pagar? Esa fue la pregunta que hice y no me la contestaron”, afirmó.
La mandataria aclaró que los gobernadores no buscan confrontación, sino defender las competencias territoriales. “Aquí no estamos peleando, aquí estamos defendiendo derechos constitucionales”, señaló. No obstante, confirmó que atenderán la invitación del ministro para instalar una mesa técnica. “Vamos a evaluar los tributos, cómo van disminuyendo y si se requiere una salvaguarda, porque quien va a definir esto finalmente es la Corte Constitucional”, dijo.
Toro anunció que los departamentos solicitarán formalmente medidas ante ese tribunal. “Vamos a pedir a la Corte Constitucional una salvaguarda para el tema de licores y una protección temprana para licores y cigarrillos”, indicó.
Carácter central del Estado
La gobernadora también se refirió a las declaraciones del ministro sobre el carácter central del Estado. “A todos los gobernadores nos pareció de mal gusto decir que somos un Estado centralizado, cuando somos una nación unitaria, descentralizada y con autonomía regional, con rentas cedidas que están establecidas constitucionalmente”, afirmó.
Según Toro, esas rentas permiten garantizar derechos fundamentales. “Si se nos bajan las rentas, no vamos a poder garantizar el PAE, el transporte escolar ni el pago del régimen subsidiado”, advirtió. Además, alertó sobre la caída de ingresos por el contrabando. “Nuestra renta del cigarrillo ha disminuido en 40 % por el contrabando de bandas criminales que financian la inseguridad y el terrorismo”, dijo.
La mandataria recordó que, aun con esa reducción, los departamentos están obligados a cubrir el régimen subsidiado con recursos propios. “Si las rentas no se cumplen y además se recortan por el aumento de impuestos y el contrabando, no vamos a poder cumplir un derecho fundamental para nuestros ciudadanos”, concluyó.
“La expedición de este decreto es un asalto centralista a las entidades territoriales”. La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, aseguró que no hubo acuerdos tras la reunión con el Gobierno Nacional y anunció que acudirán a la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional de los artículos del decreto de Emergencia Económica que afectan las rentas departamentales. Advirtió que la aplicación de la medida pone en riesgo recursos para salud, educación y deporte en los territorios.
