Moody's lanzó dura advertencia a Colombia tras suspensión de la Regla Fiscal

El Gobierno activó la cláusula de escape y suspendió la regla fiscal, lo que podría afectar la calificación crediticia y aumentar el costo de la deuda.
Calificación de riesgo
Uno de los efectos negativos de suspender la regla fiscal podría ser la pérdida de credibilidad internacional y una reducción en la calificación por parte de las calificadores de riesgo. Crédito: AFP y Colprensa

Discusiones y opiniones encontradas ha generado la decisión del Gobierno nacional de activar la cláusula de escape para suspender la regla fiscal por hasta tres años. Uno de los efectos que más preocupa a los expertos es la reducción de la calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras de riesgo.

Una baja calificación crediticia podría significar mayores costos para conseguir préstamos a través de bonos o créditos internacionales, ya que los inversionistas percibirán un mayor riesgo. Además, el país tendría que endeudarse a tasas más altas, lo que puede repercutir en el sector privado y en la ciudadanía.

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Respecto a la suspensión de la regla fiscal se pronunció Moody’s, una de las tres agencias calificadoras más reputadas del mundo y ampliamente consultada por inversionistas de todo el planeta.

Germán Ávila
Germán Ávila, ministro de Hacienda y Crédito Público.Crédito: Colprensa

¿Qué dijo Moody’s sobre la suspensión de la regla fiscal?

En conversación con el medio Valora Analitk, Renzo Merino, analista soberano para Colombia, aseguró que la medida tomada por el Ejecutivo “es negativa porque confirma que el deterioro del déficit y las métricas de deuda observado en el 2024 se va a repetir en el 2025”.

La regla fiscal fue establecida por la Ley 1473 de 2011 y reformada en 2021, con el fin de fijar parámetros para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. En otras palabras, es un límite a los excesos en el gasto público, el endeudamiento y el déficit presupuestal.

Ese límite evita que el Gobierno incurra en desequilibrios fiscales que puedan comprometer la estabilidad económica y la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.

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Sin embargo, la regla fiscal contempla la cláusula de escape, una medida que permite romper los límites fiscales solo cuando ocurran eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. La última vez que se aplicó en Colombia fue durante la pandemia de covid-19.

Expertos coinciden en que no hay una emergencia que justifique la activación de la cláusula de escape. No obstante, el Gobierno enfrenta un déficit fiscal preocupante y similar al de ese entonces.

Covid 19
La última vez que se aplicó la cláusula de escape en Colombia fue durante la pandemia de covid-19.Crédito: Colprensa

Al respecto, Merino le dijo a Valora Analitik que ese “es un elemento que nosotros consideramos en un posible escenario de rebaja de la calificación cuando cambiamos la perspectiva a negativa en junio del 2024”.

El experto recordó que la calificación crediticia de Colombia actualmente es Baa2, siendo la única que se encuentra en grado de inversión luego de que S&P y Fitch le quitaran al país ese beneficio.

“Haremos un análisis de lo que esta decisión implica para la credibilidad del marco de política fiscal en Colombia, del cual la Regla Fiscal es un componente importante”, agregó Merino.

Añadió que en las próximas semanas, Moody's se enfocará en:

(1) las medidas de ajuste a las metas fiscales de 2025, incluyendo la revisión de metas de ingresos y ejecución de gasto.

(2) los parámetros que se considerarán en la elaboración del presupuesto de 2026, como los estimados de ingresos y el crecimiento del gasto.

(3) las medidas de ajuste fiscal que se abordarán durante el período de suspensión de la Regla Fiscal, en el contexto del pacto fiscal anunciado por el ministro de Hacienda.

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La fortaleza de Colombia para Moody’s

Merino aseguró que para Moody's, la fortaleza institucional de Colombia ha sido fundamental para apoyar su perfil crediticio dentro del grado de inversión.

La agencia considera que el desafío fiscal actual, aumentado por el deterioro reciente, será una prueba importante para la institucionalidad del país y su capacidad de formar consensos para responder a los desequilibrios macroeconómicos que afectan la calidad crediticia.


Manejo de residuos

Andesco pide revocar el nuevo marco tarifario de aseo por riesgos para usuarios, recicladores y empresas

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, presentó ante el Gobierno Nacional una solicitud de revocatoria directa contra la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026, mediante la cual se definió el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo en Colombia. El gremio señaló que la norma requiere una revisión de fondo por aspectos jurídicos, regulatorios, económicos y procedimentales. Según Andesco, el marco tarifario fue expedido por el Gobierno anterior días antes de finalizar su mandato y podría generar efectos sobre la prestación del servicio, las empresas del sector, los recicladores de oficio y los usuarios. Block Field Los puntos centrales de la solicitud La solicitud de revocatoria se concentra en cuatro asuntos. El primero corresponde a las inconsistencias que Andesco afirma haber identificado en el proceso de participación ciudadana. El segundo se refiere a la incorporación de disposiciones nuevas en la regulación definitiva que, según el gremio, no habrían sido sometidas a conocimiento y discusión de los actores de la cadena. El tercer punto está relacionado con los efectos retroactivos derivados de la derogatoria de reglas para el cálculo de la actividad de aprovechamiento, con impacto en organizaciones de recicladores y usuarios que no harían parte del ámbito de este marco tarifario. El cuarto asunto apunta a la necesidad de revisar si la resolución cumple con los criterios tarifarios establecidos en la Ley 142 de 1994. Participación ciudadana y cambios en la resolución Andesco sostuvo que la participación ciudadana no puede limitarse a la publicación, socialización y recepción de comentarios. Para el gremio, los agentes regulados deben conocer de manera oportuna las propuestas, evaluar sus impactos, presentar observaciones y contar con trazabilidad sobre la forma en que sus argumentos fueron analizados antes de adoptar una decisión definitiva. En ese sentido, el sector manifestó preocupación por las diferencias entre los contenidos sometidos a participación y la resolución expedida. De acuerdo con Andesco, la norma final incluye más del 50 % de disposiciones nuevas, por lo que pidió claridad sobre el tratamiento dado a las observaciones presentadas durante el proceso. Revisión frente a la Ley 142 de 1994 El gremio también solicitó revisar el nuevo marco tarifario frente a los criterios de eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia establecidos en la Ley 142 de 1994. Andesco indicó que una metodología tarifaria debe promover eficiencias y reconocer los costos necesarios para garantizar continuidad, calidad y sostenibilidad en la prestación del servicio. En particular, pidió evaluar si las nuevas disposiciones permiten cubrir los costos de operación, las obligaciones laborales y ambientales, así como las inversiones requeridas. El gremio señaló además que los criterios de simplicidad y transparencia exigen metodologías comprensibles, verificables y claras para prestadores, autoridades y usuarios. “Lo que está en juego es la seguridad jurídica” Camilo Sánchez, presidente de Andesco, afirmó que la solicitud busca una revisión de fondo de la regulación por sus efectos sobre el servicio público de aseo en el país. “Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia. La participación ciudadana debe ser efectiva; las disposiciones que generan impactos sustanciales deben ser conocidas y discutidas antes de su adopción; las nuevas reglas no deben producir efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas; y toda decisión tarifaria debe cumplir integralmente los criterios establecidos por la ley”, manifestó Sánchez. El dirigente gremial agregó que el impacto de la resolución va más allá de los operadores del servicio. “Lo que está en juego es la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios”, señaló. Andesco pide diálogo con el Gobierno Andesco reiteró su disposición de mantener un diálogo técnico con el Gobierno Nacional y las autoridades regulatorias. Según el gremio, la revisión solicitada permitiría fortalecer la regulación, recuperar la confianza de los agentes y garantizar un marco tarifario con soporte técnico, jurídico y financiero para el servicio público de aseo en Colombia.
El sistema interno puede tener peligros para las personas.



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