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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha estado en el centro del debate en los últimos meses. Su funcionamiento, los tiempos de los procesos, la reparación de las víctimas y el alcance de las sanciones han generado cuestionamientos entre distintos sectores políticos y de la sociedad. A esto se suma una discusión recurrente sobre los recursos destinados a la entidad y las críticas de congresistas que han cuestionado el tamaño de su presupuesto y el uso de esos recursos.
Ahora, la discusión presupuestal tendrá consecuencias concretas para su funcionamiento. El recorte de $181.402 millones aprobado para la JEP en el Presupuesto General de la Nación de 2027 obligó a la entidad a adoptar medidas de austeridad que modificarán su operación, sus espacios de trabajo y parte de los servicios que presta.
Así lo explicó el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, en entrevista con La FM, en la que anunció tres decisiones: el traslado de la sede actual a un edificio más pequeño, la reducción de los esquemas de seguridad y el recorte del 85 % de los contratos de prestación de servicios.
El magistrado reconoció que los ajustes tendrán efectos en la manera en que trabaja la jurisdicción y que será necesario reorganizar su planta de personal para intentar responder a las necesidades que dejarán los contratos que no serán renovados.
JEP dejará su actual sede y tendrá que priorizar la virtualidad
La primera medida anunciada por Rojas es el traslado de la sede que la JEP ocupa desde 2018. El edificio actual tiene una extensión de 15.000 metros cuadrados, pero la entidad pasará a uno de aproximadamente 4.200 metros cuadrados. Según el presidente, esta decisión representaría un ahorro cercano a los $26.000 millones.
El cambio, sin embargo, no se limita a una reducción del espacio físico. La nueva sede no tendrá capacidad para recibir simultáneamente a los cerca de 1.400 funcionarios de la entidad y al número de contratistas que trabajan con ella. Por esa razón, la virtualidad pasará a ser la regla y se implementarán turnos rotativos de asistencia.
Rojas explicó que el ajuste modificará directamente el modelo de trabajo de la jurisdicción
“Esta decisión que se nos impone por el decreto de presupuesto comporta necesariamente una variante en el modelo de trabajo de la JEP, y es que pondremos como regla entonces la virtualidad, como en algunas partes de la rama judicial se ha hecho, pero aquí va a ser como regla porque no hay otra opción. Y la segunda consecuencia de esta mudanza es que necesariamente tenemos que hacer un trabajo rotativo, porque en un espacio tan reducido es imposible que todos los funcionarios de la JEP, 1.400 aproximadamente, más un número importante de contratistas, se puedan asentar”.
JEP reducirá esquemas de seguridad de magistrados y funcionarios
La segunda decisión está relacionada con los esquemas de protección. Rojas señaló que los magistrados que cuentan con medidas especiales de seguridad también tendrán que ajustarlas como parte del plan de austeridad.
El presidente afirmó que actualmente no tiene escolta y explicó que otros magistrados reducirán sus esquemas. Además, anunció que 17 fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) entregarán sus medidas de seguridad, incluidos los vehículos asignados. El secretario ejecutivo de la jurisdicción también hará lo propio.
Esta decisión representaría un ahorro aproximado de $37.000 millones. Sin embargo, el magistrado identificó otro aspecto de la protección que le genera especial preocupación: la seguridad de testigos, víctimas y comparecientes.
Sobre este punto, pidió al Gobierno nacional asumir la responsabilidad correspondiente, pues, según explicó, la normativa establece que esa protección le compete al Ejecutivo.
“La parte más difícil, dolorosa de esta reducción es que tenemos que hacer algo semejante con la protección de testigos, de víctimas y comparecientes. Por eso, en este punto le estamos pidiendo de inmediato al Gobierno nacional que asuma la responsabilidad, porque esa es una responsabilidad que corresponde, de acuerdo con la normativa, en todo caso al Gobierno”.
JEP reducirá el 85 % de sus contratos de prestación de servicios
La tercera medida es una de las que puede tener mayores efectos en la operación cotidiana de la JEP. Rojas confirmó que la entidad reducirá en un 85 % los contratos de prestación de servicios, que terminarán al cierre de 2026 y no serán renovados. El ahorro estimado por esta decisión es de $85.000 millones.
El presidente explicó que buena parte de esa contratación estaba destinada a respaldar la defensa técnica de los comparecientes, es decir, los abogados que necesitan las personas sometidas a la jurisdicción para participar en los procesos judiciales.
La dimensión del desafío se entiende al revisar las cifras entregadas por el propio magistrado: la JEP tiene alrededor de 17.000 comparecientes y una defensoría pública interna con no más de 30 funcionarios. Por eso, una parte importante de esa labor se apoyaba en abogados contratados por prestación de servicios.
Pero la defensa jurídica no es el único frente que se verá afectado. Los contratos también respaldaban la atención psicosocial de las víctimas durante las audiencias de reconciliación y restauración, en las que participan profesionales como psicólogos, psicoanalistas y trabajadores sociales.
La reducción de estos equipos obligará a la entidad a reorganizar sus recursos humanos para intentar cubrir las funciones que venían desempeñando los contratistas. Rojas aseguró que la JEP no puede abandonar esos procesos ni dejar sin defensa técnica a quienes comparecen ante la jurisdicción.
“Eso se va a ver reducido, entonces eso nos impone una modificación de la planta de personal para poder suplir el vacío que dejan los contratistas. Nosotros no podemos abandonar el proceso de reconciliación y restauración que se hacen con ocasión de estas audiencias y, por supuesto, no podemos tampoco dejar el vacío grave que queda de la defensa pública, de la defensa técnica, de los abogados, porque no hay proceso penal posible sin el abogado”.
El magistrado agregó que la entidad tendrá que reordenar sus cargos y buscar un equilibrio presupuestal para el próximo año. También anunció que acudirá al Congreso, al Gobierno y a otros actores relevantes para plantear la necesidad de recuperar los recursos que permitan garantizar el funcionamiento de la jurisdicción.
Recortes llegan en un momento clave para los procesos de la JEP
Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la advertencia de Rojas sobre el momento en que llegan las restricciones presupuestales. Según explicó, la jurisdicción atraviesa una etapa de alta productividad, después de varios años de investigación, análisis y contrastación de información sobre los hechos relacionados con el conflicto armado.
El presidente señaló que, antes del 15 de diciembre, la JEP espera producir los autos de determinación de hechos y conductas relacionados con los macrocasos, decisiones que contienen las imputaciones correspondientes. Además, anticipó que durante 2027 se espera la expedición de resoluciones de conclusiones y el inicio de los juicios.
Por eso, advirtió que la entidad tendrá que responder a una mayor carga de trabajo con menos recursos económicos y humanos.
“Estamos en el momento de mayor productividad luego de un proceso de análisis, de investigación, de contrastación de todos estos años, llega el momento como de mayor producción para efectos de los juicios y es en donde más se necesita el recurso presupuestal, el recurso humano”, explicó Rojas.
En ese contexto, resumió el desafío que enfrenta la jurisdicción: “Nos vemos abocados a hacer más con menos, menos tiempo porque se acorta el tiempo y menos presupuesto”.
Danilo Rojas defendió el modelo de justicia restaurativa de la JEP
Durante la entrevista, el presidente también respondió a los cuestionamientos sobre la lentitud de los procesos y la expectativa de las víctimas frente a las decisiones judiciales. Rojas sostuvo que los resultados de la JEP no deben medirse únicamente por la cantidad de sentencias, pues el modelo de justicia transicional contempla procedimientos de reconocimiento, diálogo y acercamiento entre víctimas y responsables.
El magistrado destacó especialmente las audiencias en las que víctimas y comparecientes se encuentran para abordar hechos graves como torturas, secuestros, falsos positivos y reclutamiento.
“Una cosa es lo que se acordó en La Habana, lo que desarrolló en las reformas constitucionales, lo que elaboró la Corte, y otra cosa es la práctica. En donde yo creo que el modelo de justicia particularmente tiene una primera parte que es muy sustancial, pero que no es tan visible, porque todo el mundo está esperando los resultados en términos de sentencias como si fuera, digamos, una justicia tradicional, que se mide cuantitativamente el resultado o la celeridad de una institución en función de los resultados tipo sentencia o decisiones finales”.
Y agregó que uno de los resultados que considera más importantes es el acercamiento entre quienes sufrieron los hechos y quienes comparecen ante la jurisdicción:
“Aquí hay que resaltar particularmente el procedimiento para llegar a ese resultado, en donde ese procedimiento es el acercamiento difícil, tremendamente difícil, entre una víctima y un victimario para hablar de algo irreconciliable, como es una grave violación a derechos humanos, torturas, secuestros, falsos positivos, reclutamiento, y lograr, sin embargo, que ese es el gran triunfo de la JEP realmente en estos años, que se pueda mirar cara a cara humanamente una víctima y un victimario”.
Sobre la reparación, Rojas afirmó que la entidad hace seguimiento a los trabajos derivados de las primeras sentencias y que las personas sancionadas permanecen bajo restricciones de libertad monitoreadas por la JEP. También sostuvo que las reglas de ese modelo fueron establecidas en el acuerdo de paz y desarrolladas mediante reformas constitucionales, con el aval de la Corte Constitucional.
Finalmente, el presidente insistió en que los ajustes presupuestales no pueden traducirse en el abandono de las funciones centrales de la jurisdicción. Por eso, además de implementar las medidas anunciadas, buscará que el Gobierno y el Congreso revisen la disponibilidad de recursos para 2027.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
