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El Ministerio de Comercio informó que se revisarán las cláusulas de arbitraje incluidas en los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Colombia. Esta medida, anunciada recientemente por el presidente Gustavo Petro, tiene como objetivo buscar un equilibrio adecuado entre los intereses del Estado y las empresas multinacionales.
Según la entidad, algunos acuerdos contienen disposiciones que generan desbalances jurídicos. En este sentido, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, aclaró que la renegociación propuesta se centrará exclusivamente en las cláusulas relacionadas con el arbitraje internacional.
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“Varios países, tanto desarrollados como en desarrollo, han sido objeto de fallos adversos emitidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), lo que ha generado cuestionamientos debido a la ambigüedad de las cláusulas y la incertidumbre derivada de su interpretación, que queda en manos de estos tribunales de inversión”, explicó el Ministerio.
El Ministerio destacó que esta situación se evidenció en el caso reciente de Telefónica, en el cual el Ciadi no reconoció un fallo previo de 2017 a favor de Colombia emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el mismo asunto. Además, señaló que el tribunal internacional ignoró el principio de que cualquier disputa relacionada con el contrato de concesión otorgado a Telefónica en 1994 debía ser resuelta por un único tribunal, afectando la soberanía judicial del país.
“El sistema judicial colombiano es independiente y está capacitado para resolver los casos que se le presenten. Por lo tanto, las controversias deberían ser atendidas por los tribunales nacionales”, afirmó la cartera.
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El Ministerio reiteró que esta renegociación se limitará a las cláusulas de arbitraje en los tratados internacionales, subrayando que no es un problema exclusivo de Colombia. Agregó que resulta imprescindible explorar alternativas que definan con claridad el juez competente para resolver estas disputas, incluyendo la posibilidad de que sean los tribunales colombianos quienes asuman esta responsabilidad.
