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La Contraloría General de la República comenzó la vigilancia especial al buen uso de los millonarios recursos asignados para la implementación de la paz en el país.
Mediante la nueva Unidad Delegada para el Posconflicto, el organismo realiza control y vigilancia fiscal a los recursos asociados al Acuerdo de Paz y a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, tal como lo dispuso el Acto Legislativo 01 de 2016.
Según fuentes del organismo, "el primer reto a asumir por esta Unidad Delegada es la preparación del Informe de Seguimiento a los recursos del Plan de Inversiones para la Paz, a presentarse al Congreso de la República el próximo 20 de julio".
Con este fin, se van a realizar unas mesas de seguimiento a nivel regional, donde se contará con la participación de diferentes actores involucrados en la implementación de los acuerdos de La Habana.
Así mismo, la Unidad Delegada para el Posconflicto asumió el rol de coordinar, al interior de la Contraloría, la elaboración de los informes de los recursos asociados al manejo de víctimas del conflicto armado.
Además, ya se encuentra participando, de la mano de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, en la elaboración de los informes que en esta materia se deben enviar al Congreso de la República por parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, y los decretos ley asociados a víctimas étnicas.
Jefatura
Entre tanto, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, designó como Jefe de la Unidad Delegada para el Posconflicto a Diego Dorado Hernández, exdirector de la Unidad de Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Dorado es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y viene de desempeñarse como experto en el Banco Mundial en Washington.
