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El Gobierno italiano ultima la actualización de sus proyecciones macroeconómicas para 2020, con una caída del producto interior bruto (PIB) del 9 % y un incremento de la deuda pública de entre el 158 % y el 159 %, sobre las que basará sus Presupuestos Generales y su plan de reformas con el que pedirá el Fondo europeo de Recuperación.
El Gobierno transalpino debe presentar la actualización de su cuadro macroeconómico (en Italia llamado Documento Económico y Financiero) ante el Parlamento en torno al 27 de septiembre y, según los medios italianos, puede haber ligeros cambios respecto a los cálculos realizados en abril, casi dos meses después del inicio de la pandemia en el país.
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Italia estudia para 2020 una caída de la economía del 9 % (frente al 8 % estimada en abril) y una subida de la deuda hasta el 158-159 % del PIB (del 155,7 % de abril).
Además, el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, ya ha avanzado en las últimas semanas que el déficit podría dispararse por encima del 11 % (del 10,4 % calculado en abril), como consecuencia de los tres paquetes de estímulos con ayudas de hasta 100.000 millones de euros aprobados por Roma para hacer frente a la crisis del coronavirus.
El Gobierno italiano elaborará estos pronósticos y después diseñará sus Presupuestos Generales y su plan de reformas que enviará a la Comisión Europea antes de finales de octubre con la intención de que sean analizados y aprobados, para recibir en el primer semestre del 2021 alrededor del 10 % de los más de 200.000 millones que le corresponden a Italia del Fondo europeo de Recuperación (dotado con 750.000 millones en total).
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El Ejecutivo que dirige Giuseppe Conte está detallando un plan presupuestario que contará con intervenciones por valor de entre 25.000 y 30.000 millones de euros, la mitad procedentes del fondo europeo, según las mismas fuentes.
Las inversiones se distribuirían de la siguiente manera: unos 3.000 millones para la industria 4.0; otros 2.000 millones para planes "verdes" y 5.000 para ayudas a las regiones del sur.
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Habría además una bajada de la presión fiscal que allanaría el camino hacia una reforma tributaria y que requeriría de unos 5.000 millones; y los 15.000 millones restantes irían a parar a medidas sociales, como la modernización de la educación y el sistema sanitario, y a cultura.
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