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En entrevista con La FM, en el programa 'Aquí y ahora', con Maritza Aristizábal, varios exministros, el director de Fedesarrollo y el presidente del Congreso Gremial Nacional expusieron sus posturas frente a la nueva reforma tributaria y el estado de las finanzas públicas del país. Los invitados coincidieron en que las medidas propuestas afectan al sector productivo y no resuelven el problema estructural del gasto público.
¿Qué impacto tendría la reforma tributaria en las empresas?
Camilo Sánchez, presidente del Congreso Gremial Nacional, señaló que en 23 años en las comisiones económicas del Senado no había visto una reforma de esa magnitud. “Si llegara a pasar esa reforma, lo que haría es frenar la economía”, afirmó. Según explicó, la informalidad en el país supera el 56% y el esfuerzo tributario recae sobre los empresarios formales. “Son ellos los que van a sentirse esquilmados, porque ya es pedirles demasiado en este momento”.
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Sánchez advirtió que la propuesta no solo incluye nuevos impuestos, sino también el incremento en la retención y la reforma laboral. “Estamos cambiando las reglas de juego en el último momento”, aseguró. Como ejemplo, citó el caso de una empresa de la costa que tendría que destinar 200 mil millones de su presupuesto de inversión para cubrir mayores retenciones. “Esto lo que va a hacer es apagar el sistema productivo y poner en miedo a los inversionistas”.
El dirigente gremial enumeró los puntos más sensibles de la propuesta: impuesto al consumo para espectáculos, IVA a cuotas de administración y parqueaderos sin importar el estrato, IVA a combustibles, renta a las iglesias, aumento en la tarifa al patrimonio, retención en la fuente, IVA a vehículos familiares e incremento del 150% al impuesto de consumo de la cerveza. “Esto apagaría el sistema productivo del país”, insistió.
¿Cuáles son las preocupaciones fiscales y políticas?
Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirmó que la iniciativa representa un recaudo de 26 billones de pesos, equivalente al 1,5% del PIB. “Estamos viendo esta propuesta con gran preocupación por el tamaño, una reforma tremendamente ambiciosa”, señaló. A su juicio, antes de pedir más esfuerzo a los contribuyentes, el gobierno debe dar una señal de austeridad. “Es muy difícil pedir mayor esfuerzo sin un presupuesto más austero”.
Mejía indicó que el presupuesto planteado por el gobierno crecería cerca del 9%, más del doble de la inflación esperada. “Hay un problema de legitimidad política, lo que debe hacer el gobierno es ordenar su casa y presentar un presupuesto más ajustado”. También advirtió sobre errores repetidos de reformas anteriores: aumento del costo de invertir, mayor tributación al sector financiero con una tarifa del 50% y nuevas cargas al sector minero energético. “El impuesto al patrimonio puede hacer que los inversionistas se vayan”, advirtió.
Gonzalo Hernández, viceministro de Hacienda, recordó que el actual gobierno heredó una situación fiscal compleja, pero consideró que las decisiones recientes empeoran el panorama. “Mi principal preocupación hoy es que el gobierno Petro va a dejar una herencia aún peor al siguiente gobierno”, afirmó. Explicó que aunque en 2023 se cumplió con la regla fiscal, a partir de 2024 se perdió esa senda de ajuste. “Estamos en la olla, y más que raspando la olla, lo que el gobierno le va a dejar al siguiente es una olla rota”.
El exministro Mauricio Cárdenas insistió en la necesidad de recortar gastos ineficientes, entre ellos los contratos de prestación de servicios. “Son más de 20 billones de pesos que se están destinando en este proceso”. También resaltó la importancia de recuperar los ingresos provenientes del petróleo y el gas. “Hemos perdido ingresos fundamentales por una mala decisión del gobierno”, señaló. A su juicio, el Congreso no debe repetir el error del año anterior de rechazar la reforma sin proponer ajustes al gasto.
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Camilo Sánchez añadió que la informalidad laboral es un obstáculo para los cambios planteados por el gobierno. “La reforma laboral no cubre a los vendedores ambulantes ni a quienes trabajan por fuera del sistema formal, ellos no tendrán pensiones ni dominicales. Se están acabando los verdaderos generadores de economía”.
Sobre la magnitud de la propuesta, Mejía sostuvo que el déficit fiscal requiere ajustes cercanos a 30 billones de pesos, mientras que la reforma busca 26 billones. “El problema es que el gobierno está utilizando una ley de financiamiento para crecer el presupuesto más allá de lo deseable”, expresó. Concluyó que la discusión debe partir de determinar el tamaño razonable del presupuesto antes de definir si se necesita una reforma. “Si no se recorta el gasto, no habrá capacidad de diálogo”.
Los invitados coincidieron en que la solución a la crisis fiscal no puede basarse únicamente en más impuestos, sino en un esfuerzo integral que combine austeridad en el gasto, estímulos a la inversión y medidas que fortalezcan al sector productivo.
