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El director de la Cámara de Usuarios de las Zonas Francas, Édgar Martínez, advirtió que es de vital importancia mantener la estabilidad jurídica para las empresas que operan bajo ese régimen, con el fin de mantener la inversión que hay en el país y seguirla incentivando.
Según el dirigente gremial, en la Ley de Financiamiento se está incrementando la base gravable para productos en Zona Franca (ZF).
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"(Traería) un efecto en el precio final de los bienes, dado que los usuarios de ZF no pueden descontar los mayores IVA generados y tienen que ser involucrados en el precio final. La opción por la que optarían es dejar de comprar a industrias locales y adquirir los insumos en el exterior, como ya lo están pensando realizar varias industrias", señaló.
El directivo expresó que “las decisiones de inversión en zonas francas han estado acompañadas del buen nombre de Colombia en términos de respeto por las reglas del juego y seguridad jurídica (...) "Este cambio afecta la competitividad y la estabilidad de más de 800 industrias, desestimulando el instrumento como imán de inversión y empleo”.
El representante destacó que , según estudios realizados, por cada $1 de exención que reciben las industrias en las zonas francas éstas retornan al país $3 en impuestos.
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"Son polos de desarrollo en más de 20 departamentos, donde generan más de 218 mil empleos y han triplicado sus exportaciones en los últimos siete años, según cifras del DANE. El 90% de las empresas son Pymes y el 80% son todas inversiones nacionales, contradiciendo lo que algunos afirman que allí solo se instalan grandes empresas multinacionales", precisó.
Explicó que en la Asociación Nacional de Empresario (ANDI) han apoyado a los empresarios que esperan el retorno de sus inversiones, sobre la base de la confianza legítima en las normas jurídicas que los atrajeron para el montaje de sus negocios.
"Consideramos que, como país, debemos asegurar con gran celo la estabilidad jurídica de aquellos proyectos que se establecieron en nuestro territorio teniendo en cuenta normas que fueron fundamentales en el proceso de toma de decisión de ubicarse, en este caso, en zonas francas”, dijo.
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Para Martínez, el Congreso debe hacer respetar los principios de “confianza legítima” y “buena fe” y, en lugar de afectar a 800 empresas y hacer retroactiva esta medida, debe unificar el sistema para las zonas franca (...) asegurándoles competitividad y estabilidad a todas las industrias allí establecidas.
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