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El equipo económico del expresidente Juan Manuel Santos, desmintió la versión sobre el desfinanciamiento de 14 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación del 2019, asegurando que la responsabilidad es del nuevo Gobierno que decidió mantener los subsidios de energía y programas como Familias en Acción.
“El gobierno nacional presentó a consideración del Congreso en julio pasado un presupuesto para la vigencia de 2019 con gastos de funcionamiento e inversión que pasaban de 18,7% del PIB en 2018 a 18,2% del PIB en 2019; es decir, una disminución de 0,5% del PIB, cercana a $5 billones. La Administración Santos consideró responsable presentar esa reducción en el presupuestoradicado ante el Congreso, que implicaba, entre otras, recortar subsidios de energía eléctrica para el estrato 3 y reducir el número de familias beneficiarias de Familias en Acción”, señaló el comunicado del equipo económico.
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“El nuevo gobierno, por su parte, consideró que esa reducción en el gasto era inconveniente por el costo político, y dio marcha atrás. Lo grave es que no consideró hacer recortes en otras áreas, lo que automáticamente aumentó las necesidades de más recursos”, añadió.
Los expertos aclararon que el presupuesto se proyectó con un precio promedio del petróleo para 2018 de $67 dólares por barril, “Con esta cifra se construyeron los escenarios de utilidades de las empresas petroleras en 2018 y de ingresos fiscales petroleros que recibiría la Nación en 2019, tanto por impuesto de renta de las empresas petroleras como por dividendos de Ecopetrol. El precio promedio ha sido durante este año, a la fecha, de $74 dólares por barril. Esto supone una renta petrolera adicional de cerca de $3 billones frente a la que se tenía prevista”.
El documento concluyó que los $5 billones para nuevos gastos, $4 billones adicionales para programas existentes en salud y educación, y $5 billones para evitar el recorte que incluía el proyecto de ley original, explican el por qué el gobierno requiere ahora $14 billones en nuevos recursos.
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“La actual administración considera políticamente inconveniente continuar con la reducción del gasto público que exige la regla fiscal. Pero no solo no quiere continuar con la reducción del gasto, sino que desea aumentar la financiación de programas existentes y la creación de nuevos programas de gasto. Por eso, le propuso al Congreso aumentar el presupuesto para 2019 primero en $25 billones, para luego reducir esa aspiración a $14 billones, que propone financiar con nuevos impuestos”, precisa el documento.
“El nuevo gobierno decidió dar marcha atrás y aumentar el gasto (en lugar de reducirlo) lo que lo obliga a conseguir nuevos recursos a través de una reforma tributaria o ley de financiamiento como la que se está discutiendo. No es entonces que necesita tapar los huecos que dejó el gobierno anterior, sino que quiere financiar los nuevos gastos que pretende hacer, y está en todo su derecho. Pero si no consigue la financiación tendrá que apretarse el cinturón”, puntualizó el documento.
