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La declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional el pasado 19 de diciembre encendió las alarmas entre ciudadanos, empresarios y analistas económicos. El objetivo del decreto es recaudar cerca de 16 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal que enfrenta el país y asegurar el funcionamiento del Estado durante 2026.
Sin embargo, el paquete de medidas tributarias incluido en el borrador no se limita a las grandes compañías. Por el contrario, varias de las propuestas impactan de manera directa el día a día de los colombianos, siendo una de las más polémicas el incremento del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del 4x1.000 al 5x1.000.
¿Qué medidas fiscales incluye la emergencia económica?
El documento contempla una serie de nuevos impuestos y ajustes tributarios con los que el Gobierno busca ampliar el recaudo y compensar la caída de ingresos proyectados para el próximo año.
Uno de los cambios más relevantes es la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho, dirigido a quienes posean patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT al 1 de enero de 2026. Las tarifas serían progresivas y oscilarían entre el 0,5 % y el 5 %, dependiendo del tamaño del patrimonio.
Nuevos impuestos que pagarían los colombianos en 2026
- Impuesto al petróleo y al carbón
El decreto propone un gravamen del 1 % sobre la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón. Este tributo se aplicaría a empresas y grupos económicos con una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT, calculado sobre el valor de venta o el valor FOB en exportaciones.
- IVA a los juegos de azar en línea
Las apuestas digitales, ya sea que se realicen desde Colombia o desde el exterior, quedarían gravadas con un IVA del 19 %. Esto implicaría un aumento en los depósitos que hacen los usuarios a las plataformas de apuestas, equiparando este sector con otros servicios gravados en el país.
Ajustes al impuesto al consumo
El decreto también introduce cambios en productos de alto consumo:
- Licores, vinos y similares: para 2026, el componente específico sería de $750 por grado de alcohol en envases de 750 centímetros cúbicos, más un componente ad valorem del 30 %.
- Cigarrillos y tabaco elaborado: se establece un cobro específico de $11.200 por cajetilla de 20 unidades, además de un impuesto del 10 % sobre el precio certificado por el DANE.
- Vapeadores y sistemas electrónicos de nicotina: se fija un componente específico de $2.000 por mililitro y un ad valorem del 30 %.
El 5x1000: la medida que más sentirán los ciudadanos
El Gobierno justifica el aumento del gravamen a los movimientos financieros como una herramienta para preservar el gasto público en un año en el que los ingresos fiscales se redujeron de manera significativa.
Según el borrador del decreto, durante el año gravable 2026 el impuesto pasaría a ser del 5x1.000, es decir, un punto adicional frente al esquema actual. Aunque el incremento parece pequeño, su impacto es acumulativo y constante.
¿Cómo afecta el 5x1.000 al bolsillo de los colombianos?
El efecto del 5x1.000 se siente cada vez que una persona retira dinero, hace una transferencia, paga servicios, realiza compras electrónicas o mueve recursos desde su cuenta bancaria.
Por ejemplo:
- Por cada $1.000 que se mueven en el sistema financiero, el usuario pagaría $5 en lugar de $4.
- Un retiro de $1 millón tendría un costo de $5.000, frente a los $4.000 actuales.
- Para quienes reciben su salario, hacen pagos mensuales, transfieren dinero a familiares o manejan ingresos como independientes, el costo se va sumando a lo largo del mes.
Este aumento impactaría con mayor fuerza a hogares de ingresos medios y bajos, trabajadores independientes, pequeños comerciantes y emprendedores, que dependen del sistema bancario para sus operaciones cotidianas.
Aunque el Gobierno ha señalado que el incremento al 5x1.000 sería exclusivo para el año gravable 2026, la experiencia pasada genera dudas. En varias ocasiones este impuesto nació como una medida transitoria y terminó convirtiéndose en permanente.
Por ahora, el debate está abierto. Mientras el Ejecutivo defiende la emergencia económica como una necesidad fiscal, muchos colombianos se preguntan si el costo de estas decisiones volverá a recaer, una vez más, sobre su bolsillo.
