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El Gobierno nacional anunció el pasado viernes 19 de diciembre que declararía la emergencia económica con el objetivo de recaudar cerca de 16 billones de pesos y cubrir el déficit fiscal que enfrenta el país. Con esta medida, también se busca garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026.
Un día después, el ministro Armando Benedetti afirmó que el decreto de emergencia económica ya había sido firmado por el gabinete ministerial, e incluso anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
“El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y fue radicado el día de ayer. Básicamente, se hace con la estructura de ponerle impuestos a los megarricos y no como ha dicho la oposición, que es la clase media, como están diciendo los empresarios”, sostuvo Benedetti.
El jefe de la cartera política aseguró que este decreto pretende imponer impuestos “a los más ricos”, sin afectar a la clase media.
La decisión responde a la falta de recursos para sostener el presupuesto del Gobierno Petro el próximo año, situación que ha llevado a la administración a adoptar medidas excepcionales. La declaratoria de emergencia económica le permitiría al Ejecutivo actuar con mayor rapidez ante una situación considerada grave.
Cabe recordar que el Congreso de la República archivó recientemente la ley de financiamiento, con la cual el Gobierno esperaba recaudar alrededor de 16 billones de pesos para asegurar los recursos necesarios en 2026. Según el Ministerio de Hacienda, este vacío fiscal pone en riesgo programas sociales y diversos compromisos del Estado.
¿Qué impuestos evalúa el Gobierno con la emergencia económica?
Aunque el decreto aún no ha sido publicado, se conoce un documento preliminar que contempla varias medidas tributarias. Entre ellas, se evalúa la posibilidad de incrementar el gravamen a los movimientos financieros, pasando del 4 x 1.000 al 5 x 1.000. Asimismo, se analiza la creación de nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillos.
Estas medidas no solo afectarían el consumo y el gasto de los hogares, sino que también incluirían la ampliación de la base de personas naturales y empresas obligadas a pagar el impuesto al patrimonio. El documento señala que el hecho generador se configuraría para patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT, y precisa que el patrimonio corresponde al patrimonio líquido, calculado a partir del patrimonio bruto menos las deudas vigentes.
Impuesto a los juegos de azar
El decreto también propone un ajuste al régimen tributario de los juegos de azar en línea, sin importar si las apuestas se realizan desde Colombia o el exterior. Estas actividades quedarían gravadas con un IVA del 19%.
En este escenario, los depósitos de dinero realizados por los usuarios a los operadores tendrían un incremento, con lo cual esta industria se equipararía a la tributación aplicada a otros servicios.
Impuestos al petróleo y al carbón
Con el fin de garantizar la estabilidad fiscal, el documento plantea la creación de un impuesto que gravaría la extracción, la primera venta y la exportación de petróleo crudo y carbón. Este tributo tendría una tarifa del 1% sobre el valor de la venta o el valor FOB, y se aplicaría a empresas y grupos económicos con una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que no contar con estos recursos podría dejar al país en una situación de desfinanciación, lo que obligaría a tomar decisiones inmediatas. De no hacerlo, explicó, sería necesario realizar recortes significativos del gasto público o el replanteamiento de partidas clave.
¿Puede el Gobierno crear impuestos sin el Congreso mediante una emergencia económica?
Con la declaratoria de emergencia económica, el Gobierno puede legislar temporalmente por decreto. No obstante, la Corte Constitucional será la encargada de revisar la validez de las medidas y verificar que exista una relación directa entre los decretos y las causas que motivaron la emergencia.
Además, el Congreso de la República conserva su facultad de ejercer control político sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, incluso durante un estado de excepción.
