Denuncian asignación arbitraria de combustible y posibles pérdidas en zonas de frontera por el Ministerio de Minas

La FM conoció una denuncia que involucra al director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, ingeniero Julián Flórez Quiroga, por presuntas irregularidades en la expedición de resoluciones de asignación de cupos de combustible en municipios de frontera, desde julio de 2025.

De acuerdo con la normativa vigente, la metodología para distribuir combustibles líquidos con beneficios tributarios establece primero un volumen máximo municipal y luego su reparto entre las estaciones de servicio.

La Resolución 40412 de 2021, modificada por la 40082 de 2022, fija que el volumen máximo por estación es de hasta 200.000 galones mensuales, aplicando un criterio de ponderación del 80% sobre las ventas reportadas en 2021 y 20% sobre la capacidad de almacenamiento.

Según la denuncia, el director habría decidido reducir ese tope a 140.000 galones sin sustento técnico ni normativo. “La norma dice que no se puede modificar la metodología, se puede expedir otra, sí, pero la actual tiene anexos técnicos que hablan sobre los datos que se deben tener en cuenta”, señala uno de los apartes de la denuncia. Esta decisión habría generado afectaciones logísticas en varias estaciones y un reparto discrecional de los excedentes de combustible.

Cabe destacar que este medio intentó comunicarse con el despacho de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía para obtener una respuesta y aclarar las resoluciones que involucran la asignación arbitraria de combustible en las zonas de frontera por parte de esa entidad; sin embargo, no hubo respuesta.

Esta es la denuncia:

Resoluciones cuestionadas

La Resolución 01079 de 2025, firmada por Flórez, asignó volúmenes de 140.000 galones a múltiples estaciones de Valledupar, reduciendo el tope que antes era de 200.000. En contraste, la Resolución 01233 de 2023, expedida por la anterior administración, mantenía el límite de 200.000 galones para varias estaciones del mismo municipio.

En el caso de Sardinata (Norte de Santander), la Resolución 00841 del 13 de junio de 2025 fue objeto de acciones judiciales. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta ordenó al Ministerio “abstenerse de aplicar los efectos de la citada resolución, hasta tanto no se resuelva en debida forma el recurso de reposición presentado por la autoridad territorial”. Pese a ello, el cupo de la estación El Poblado PRAGOM volvió a ser reducido en octubre, lo que llevó a la apertura de un incidente de desacato contra el director de Hidrocarburos.

Procesos disciplinarios

La Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Minas abrió indagación previa en noviembre este mes y solicitó pruebas sobre los estudios técnicos, las resoluciones utilizadas y las personas que intervinieron en la expedición de los actos administrativos de junio de ese año en Norte de Santander, Nariño y Cesar.

“Informe detallado y claro en el que se exponga el sustento normativo que regula la expedición de las resoluciones de asignación de volumen y/o cupos”, pidió la jefatura de control interno.

Impacto fiscal

El esquema de distribución de combustibles en zonas de frontera implica beneficios económicos al estar excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional. Según la denuncia, la alteración de la metodología y la asignación discrecional de cupos genera un detrimento al Estado: por un lado, el fisco deja de percibir el IVA; por otro, el Ministerio de Hacienda transfiere recursos públicos para cubrir la regla fiscal de subsidio.

La denuncia sostiene que las actuaciones del director configuran “prevaricato por acción”, al emitir resoluciones contrarias a lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015, que ordena aplicar la metodología de 80/20 para la asignación de volúmenes. “Expide acto administrativo pero produce efectos jurídicos inmediatos desde su expedición, cuando estos solo se vuelven obligatorios una vez que se notifican y se surten los plazos de recursos”, se lee en otro de los apartes de la denuncia.

En total, se señala que más de 100 resoluciones habrían sido expedidas bajo este esquema, beneficiando a ciertas estaciones sin cumplir los requisitos de ventas ni capacidad de almacenamiento.

Esta es una de las resoluciones vigentes que fueron denunciadas: