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La Contraloría General de la Nación habría ordenado la devolución de más de $3.200 millones, tras las pruebas radicadas por presuntos sobrecostos en contratos de alimentación para víctimas de desastres dentro del contrato 9677 de 2023, suscrito en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con la Fundación Pintando Huellas.
La información fue confirmada por el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, y el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra, quienes señalaron que la decisión se produce luego de las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato, que habría estado bajo la supervisión de Sneyder Pinilla.
Presuntos sobrecostos de hasta el 400 %
Según lo expuesto por los denunciantes, se habrían detectado sobrecostos de hasta el 400 % en rubros como refrigerios, almuerzos, alquiler de sonido, tarimas, sillas y baños portátiles, destinados a la atención de población afectada por emergencias.
Avendaño aseguró que la decisión implica un paso en la recuperación de los recursos públicos.
“Estamos hablando de más de 3.200 millones de pesos que son de los colombianos y que estaban destinados a atender a víctimas de desastres. Hoy esos recursos deberán responder ante el Estado. Denunciar sí sirve y vale la pena cuando se trata de proteger la plata y el bolsillo de la gente”, afirmó.
Por su parte, Parra indicó que la medida envía un mensaje frente al uso de los dineros públicos. Hay quienes creen que en Colombia todo se lo roban y nunca pasa nada. Este caso demuestra que cuando se denuncia con pruebas y se hace seguimiento, sí hay consecuencias. Hoy existe una decisión que obliga a responder por esos dineros”, manifestó.
Proceso continuará en otras instancias
Avendaño agregó que las denuncias por corrupción deben mantenerse sin distinciones políticas. “La corrupción se enfrenta venga de donde venga. Cuando se trata de recursos públicos, no puede haber cálculos ni silencios. Nuestro deber es denunciar y hacer seguimiento hasta que haya consecuencias”, sostuvo.
Ambos dirigentes señalaron que la devolución de los recursos no reemplaza la responsabilidad penal de los involucrados y que el proceso debe continuar en las instancias correspondientes.
“Recuperar la plata es un primer paso. Ahora falta que haya condenas proporcionales al daño causado. No vamos a soltar este caso hasta que todos los responsables respondan ante la justicia”, concluyeron.
