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La Contraloría General de la República anunció que reforzará la vigilancia fiscal durante el periodo electoral de 2026, con el fin de prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines políticos.
El organismo identificó que los picos más altos de contratación pública se concentraron en septiembre y octubre de 2025, con montos que alcanzaron $4 billones y $3,5 billones en convenios y contratos interadministrativos, justo antes del inicio de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales.
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“Estamos activando alertas tempranas para evitar que los convenios interadministrativos sean utilizados como herramienta para desviar recursos públicos durante la campaña”, señaló la entidad.
Panorama
De acuerdo con el seguimiento mensual realizado por la Contraloría, los mayores incrementos en convenios interadministrativos se registraron en los dos meses previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
En contraste, la contratación directa no ha mostrado variaciones inusuales en lo corrido del año, con montos más altos en enero y febrero de 2025, de $12,5 billones y $15,2 billones, respectivamente.
Con esta estrategia, la Contraloría busca fortalecer la transparencia y prevenir el uso electoral de los recursos públicos durante las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Monitoreo
A partir del 8 de noviembre, la Contraloría comenzó el seguimiento a los convenios interadministrativos, una de las principales modalidades que se restringen por ley durante el periodo electoral.
Desde el 31 de enero de 2026, el control se ampliará a la contratación directa, con el propósito de evitar desviaciones de gasto durante la campaña presidencial y legislativa.
El organismo explicó que la vigilancia se realiza a través del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, una herramienta que cruza información del SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA) y los sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda.
“Este modelo no busca sancionar, sino prevenir. La vigilancia oportuna es la mejor herramienta para proteger la legalidad, la equidad democrática y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, destacó la Contraloría.
La entidad también informó que trabajará de manera articulada con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, para compartir alertas sobre posibles desviaciones del gasto público con fines políticos.
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Además, recordó que los ciudadanos podrán reportar irregularidades a través de los canales de denuncia habilitados, como el Sistema de Información de Participación Ciudadana (SIPAR), la línea gratuita 199, la aplicación móvil CGRCOL y el portal web www.contraloria.gov.co.
“Queremos consolidar un control fiscal preventivo y ciudadano, especialmente en uno de los momentos más sensibles para la gestión pública: el proceso electoral”, indicó la entidad.
