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José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), expresó en La FM de RCN su preocupación frente a la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia, que actualmente avanza en su sexto debate en el Senado.
Según López, aunque la descentralización es una meta necesaria, la propuesta actual podría comprometer la sostenibilidad fiscal y afectar el crecimiento económico del país, dada la magnitud de los compromisos que se estarían transfiriendo a los gobiernos regionales.
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López aseguró que la discusión debe ser “muy responsable” para lograr un equilibrio que evite poner en riesgo las finanzas nacionales.
“Es claro que las transferencias a los entes territoriales se han venido reduciendo y, desde Anif, hemos dicho que hay que avanzar en la descentralización. En este proyecto hemos hecho un orden que es insólito y que estamos discutiendo cuál es el monto de estas transferencias, y el reordenamiento de competencias”, señaló el presidente de Anif, destacando que la discusión no solo debe centrarse en los montos sino en las competencias y responsabilidades.
Desde la perspectiva de Anif, el riesgo de establecer una cifra fija sin definir competencias específicas podría llevar al gobierno a perder flexibilidad fiscal, lo cual dificultaría la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
“Es difícil definir un monto sin las competencias, pero la propuesta inicial decía que iban a dejar al gobierno sin ningún espacio fiscal. Entonces hemos insistido que, si se define una fórmula paramétrica, se necesita tener una discusión de hasta dónde podemos llegar, y decimos que nuestra cifra es muchísimo menor”, advirtió López.
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A pesar de respaldar la descentralización, López sugirió que la fórmula propuesta en el proyecto de ley, inspirada en la Constitución de 1991, enfrenta mayores retos en el contexto fiscal actual, con obligaciones que el gobierno central debe cumplir, como el pago de intereses y pensiones.
“En ningún momento estamos diciendo que no se debe hacer centralización. Hemos dicho que se puede hacer, pero bien. La fórmula que se planteó en este proyecto es una fórmula que se copió de la Constitución del 91, esa fórmula en los 90 no se pudo cumplir y ahora es mucho más difícil cumplirla; ahora el Gobierno tiene más obligaciones… una de ellas es el pago de intereses y lo otro es pensiones. Llevamos por encima de tres puntos en PIB de pensiones”, explicó.
López concluyó subrayando la necesidad de encontrar una solución que permita a las regiones desarrollar sus capacidades sin poner en riesgo las finanzas públicas.
“Hay que hacerlo con una fórmula que sea sostenible. De nada nos sirve que después tengamos una crisis fiscal. No necesitamos más centralismo, necesitamos mirar cómo reformamos las capacidades y competencias de las regiones”, puntualizó.
