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La ley conocida como ‘borrón y cuenta nueva’, propuesta por el senador David Barguil, busca que las personas que se hayan puesto al día con sus deudas con el sistema financiero puedan salir del registro de las centrales de riesgo.
La norma también abre la puerta a que la Superintendencia Financiera imponga sanciones a los bancos “que nieguen una solicitud de crédito, basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante” en las centrales de riesgo.
Esa norma está siendo debatida por la Corte Constitucional, que debe decidir si le da visto bueno, pero en el marco de ese estudio, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera recomendaron no aprobarla.
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Según la banca, aprobar esa normativa traería un riesgo para el sistema financiero del país, porque, al eliminar de las centrales de riesgo la información de los deudores, se generaría “una cultura del no pago” que “tendría efectos perjudiciales sobre el acceso al crédito de la población”.
Lo que explica el Banco es que dificultaría a las entidades financieras diferenciar entre quienes tienen buena capacidad de pago y quienes no la tienen y “representan alto riesgo de pérdidas para los establecimientos de crédito y sus depositantes”.
Por su parte, la Superintendencia advierte una posible “inestabilidad jurídica”, porque supuestamente “envía un mensaje inequívoco a la población al suponer que se recibirán beneficios por no cancelar sus deudas atrasadas”, estimulando la cultura del no pago de la cual habla el Banco de la República.
Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo, la norma permite que dichos deudores “puedan liberarse en el menor tiempo posible de los efectos adversos de dichos datos negativos” en las centrales de riesgo, facilitando el otorgamiento de créditos.
Contrario a lo que señala la Superintendencia, sobre que no existe evidencia de que eliminar los reportes negativos de las centrales de riesgo contribuya a impulsar el crecimiento económico de un país.
En ese sentido, la Superintendencia expone casos como el de Chile que otorgó amnistías para los deudores y el resultado de ello fue que “aumentó el incumplimiento para los no morosos”.
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Lo mismo sucedió en Tailandia, “lo cual se tradujo en mayor crecimiento de la cartera a empresas debido a que la medida no incentivo que las personas adquirieran más créditos”.
El estudio de la norma esta en manos del despacho del magistrado de ese alto tribunal, Alejandro Linares.
