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En virtud de una sentencia del Consejo de Estado en la que se ordena pagar una prima técnica a los trabajadores la rama judicial del país que nunca la habían recibido pese a estar aprobada, el Gobierno Nacional tuvo que expedir recientemente un decreto ordenando el pago retroactivo de la misma a muchos jueces, fiscales delegados, magistrados auxiliares y otros.
Sin embargo, en el decreto expedido por los Ministerios de Hacienda y de Justicia, conocido por LA FM, no incluyeron a los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que según la ley estatutaria y los decretos reglamentarios, tienen el mismo estatus de varios jueces, fiscales y magistrados que sí recibirán el pago de su prima técnica, que asciende al 30% sobre el salario mensual que reciben.
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En el decreto 266 de 2018, el Gobierno estableció que para los empleados del Tribunal para la Paz, Secretaria Judicial y las Salas de la JEP “se les aplicará el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, consagrados en el Decreto 194 de 2014, modificado por los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016 y 1009, 1013 y 1014 de 2017, y por las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan”.
Sin embargo, el decreto 272 de 2021 estableció que el pago de dicha prima técnica solo será para los siguientes funcionarios: “Magistrados Auxiliares, Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, Jueces de la República, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar. Auditores de Guerra, Jueces de Instrucción Penal Militar, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Fiscales delegados ante Tribunal del Distrito, ante Jueces Penales de Circuito Especializados, ante Jueces del Circuito, ante Jueces Municipales y Promiscuos”, pero por ningún lado aparecen las personas de la JEP que tienen la misma nomenclatura que ellos.
Fuentes indican que este tema ha generado una enorme molestia entre los fiscales de la Jurisdicción Especial de Paz y algunos de sus delegados ante los tribunales, porque sienten que los están dejando por debajo de la categoría que la misma ley les dio.
¿De quien es la culpa? Esto dice el Ministerio de Justicia:
Consultamos fuentes oficiales del Ministerio de Justicia que señalaron que el decreto expedido en los últimos días se hizo con base en la orden expresa que dio el Consejo de Estado sobre pagar la prima a unos funcionarios específicos, entre los cuales no están incluidos los de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad que no estaba creada al momento de presentar las demandas respectivas.
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Además, advierten que si bien los fiscales y otros delegados ante tribunales de la JEP tienen la misma nomenclatura que los demás miembros de la rama judicial y merecen ganar el mismo salario, la prima que se está pagando no constituye un factor salarial, lo que quiere decir que el sueldo mensual no cambia.
Las fuentes consultadas señalan que en caso de que los trabajadores de la JEP quieran acceder a esta prima, tendrían que presentar una nueva demanda ante los tribunales.
¿Qué dice la JEP?
También consultamos a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que maneja la parte administrativa y de manera oficial nos informaron que están en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para determinar si es posible que algunos de sus funcionarios, sobre todo de la Unidad de Investigación, tengan derecho a esa prima.
Según la información suministrada por ese tribunal especial, debido a la ley estatutaria que le dio vida a esa entidad, sus trabajadores tienen el mismo régimen jurídico de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación y por eso el tema está en proceso de evaluación.
Admitieron que estos recursos nunca estuvieron previstos en el presupuesto que solicitaron para el 2021, pero advierten que en la eventualidad de que un decreto así lo ordene, tendrán que disponerse los recursos para pagar esta prima a los fiscales, magistrados auxiliares y otros trabajadores de la jurisdicción.
