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El Ministerio de Trabajo publicó un proyecto de decreto que ordenaría a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) trasladar más de $25 billones a Colpensiones, recursos correspondientes a afiliados que se acogieron a la denominada “ventana de oportunidad de traslado” prevista en la Ley 2381 de 2024. La iniciativa abrió un periodo de comentarios por 15 días.
La propuesta ha generado reacciones inmediatas. Desde el gremio de las AFP advierten que la medida modificaría, vía decreto, el destino que el Congreso fijó para esos recursos dentro de la reforma pensional. En entrevista con el noticiero de La FM, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró que el proyecto es contrario a la ley.
¿Por qué Asofondos dice que el decreto es ilegal?
El punto central de la controversia es el destino de los recursos acumulados por quienes se trasladaron de régimen al amparo del artículo 76 de la Ley 2381. Según explicó Velasco en La FM, “lo que busca es obligar a los fondos a girar unos dineros que el Congreso de la República determinó que debían ahorrarse”.
De acuerdo con el dirigente, la norma estableció que esos saldos deben permanecer en las cuentas individuales hasta que la persona consolide su pensión y, solo en ese momento, trasladarse al fondo de ahorro del pilar contributivo administrado por el Banco de la República.
“Son recursos que respaldan las pensiones públicas hacia el futuro y que tienen la vocación de ahorro. Es muy grave que el Gobierno quiera hacerse a esos recursos en el corto plazo”, afirmó.
Ante la pregunta sobre si el decreto proyectado sería ilegal, Velasco respondió: “Claro. Correcto”, al señalar que esos recursos “no se pueden girar al Gobierno” en las condiciones planteadas.
¿Qué establece la Ley 2381 de 2024 sobre estos recursos?
La Ley 2381 creó un fondo público pensional administrado por el Banco de la República, cuya función es respaldar financieramente el pago de las pensiones bajo el nuevo esquema. Según el comunicado del gremio, los valores acumulados por quienes se acogieron a la ventana de traslado “deben ser ahorrados y tendrían como único destino el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo”.
El artículo 76 dispone que los recursos “seguirán siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez”. Solo entonces deberían trasladarse al fondo público.
Además, el artículo 24 establece que esos dineros están destinados exclusivamente a financiar las pensiones del nuevo esquema y no otros compromisos del sistema
Para Asofondos, el proyecto de decreto “exige que las AFP giren a Colpensiones, en 15 días después de que sea expedido el decreto, los saldos de las cuentas”, lo que, a su juicio, altera el diseño aprobado por el Congreso.
¿Cuántos recursos están en juego y a quiénes pertenecen?
Según cifras del gremio, más de 118.000 afiliados han hecho uso de la ventana de oportunidad de traslado y los saldos acumulados superan los $25 billones.
Estos recursos pertenecen a trabajadores que estaban próximos a pensionarse o ya tenían la edad, y que cumplían con requisitos específicos de semanas cotizadas. Permanecen hoy en las cuentas de ahorro individual administradas por las AFP.
Velasco explicó que se trata de dineros “que pertenecen a las cuentas de ahorro individual de personas que se trasladaron en esta ventana de oportunidad de traslado” y reiteró que la ley determinó que “no se pueden trasladar” en los términos previstos por el borrador.
¿Qué papel juega la Corte Constitucional en este proceso?
La aplicación integral de la reforma pensional está pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional, lo que ha generado un escenario de transición normativa. En la entrevista, Velasco sostuvo que el país necesita “claridad sobre el sistema pensional colombiano” y saber “si vamos a estar en el mundo de la Ley 100 o en el de la reforma pensional”.
Añadió que el gremio será respetuoso de la decisión del alto tribunal: “La Corte Constitucional se está tomando el tiempo para hacer el análisis. Nos toca esperar y la decisión que ellos tomen es correcta”.
Mientras avanza ese pronunciamiento, el proyecto de decreto abre un nuevo frente de discusión sobre el manejo de los recursos pensionales y los límites del Ejecutivo para reglamentar la reforma aprobada por el Congreso.
