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Ya empezó la cuenta regresiva para la instalación de la mesa de concertación, en la que centrales obreras y gremios empresariales se sentarán a definir el aumento del salario mínimo para 2026, con la mediación del Gobierno nacional.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ya anunció que la instalación oficial de la mesa será el primero de diciembre. Posteriormente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dará a conocer datos clave de la economía, como la variación anual de la inflación para diciembre y la productividad. Esa información será la base para definir el aumento.
Si bien no se han revelado posturas claras y oficiales respecto al aumento, las partes ya han dejado ver qué posición tomarían. Por ejemplo, los gremios advirtieron que el incremento no debería ser de dos dígitos, mientras que el Gobierno nacional tendría la intención de que el aumento sea del 11%.
En medio de toda la expectativa respecto a las discusiones que arrancarán en diciembre, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) presentó un análisis que puede servir de guía para los negociadores.
ANIF advierte que un desmesurado aumento del salario mínimo causaría un grave déficit fiscal por pagos a pensionados
El centro de estudios expuso en su informe lo que podría ocurrir con un incremento muy alto del salario mínimo para 2026. La entidad recalca que la inflación cerraría el año en alrededor del 5,1%, por lo que hizo énfasis en la intención del Gobierno de aumentar el salario mínimo en dos dígitos.
De acuerdo con ANIF, un aumento así no solo traería sobrecostos a las empresas, sino que también comprometería las finanzas públicas.
“Uno de los principales canales de transmisión se da a través del sistema pensional, dado que una porción significativa de las mesadas —particularmente aquellas correspondientes a pensiones mínimas del régimen de prima media— está directamente indexada al SMLV”, advierte ANIF.
El informe indica que el aumento del salario mínimo significa el aumento automático de las obligaciones del Estado con los pensionados de este régimen, administrado por Colpensiones.
“Se estima que, por cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo por encima del salario real, el gasto en pensiones del régimen de prima media se incrementa en cerca de 0,24 billones de pesos ($240.000 millones), generando presiones adicionales sobre las finanzas públicas y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades sociales”, agrega el documento.
La entidad pone como ejemplo un aumento del 7,54%, si la inflación terminara en 5,34% y la productividad en 2,2%. En ese caso, el sobrecosto fiscal sería de 0,5 billones de pesos (500.000 millones de pesos), solo en el régimen de prima media.
Ya si se aumenta el salario mínimo en un porcentaje de dos dígitos, como el 10%, el impacto fiscal ascendería aproximadamente a $1,12 billones. “La discusión sobre el aumento del salario mínimo debe considerar no solo el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también las presiones que enfrenta la economía colombiana”, agrega el análisis.
“La estrechez fiscal actual limita la capacidad del Gobierno para absorber incrementos significativos en el gasto público, en un contexto en el que las metas de la regla fiscal exigen prudencia y sostenibilidad en las cuentas del Estado. Un ajuste del salario mínimo que exceda los fundamentos de inflación y productividad podría generar presiones adicionales sobre el déficit, comprometer la estabilidad macroeconómica y frenar la creación de empleo formal”, finaliza ANIF.
