Un juzgado confirma la medida de aseguramiento contra un exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla

El Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá con función de Conocimiento confirmó la medida de aseguramiento en contra Carlos Jaller, exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, quien fue imputado y llamado a juicio por un presunto desfalco a las arcas del centro de educación superior.

El Consejo Directivo del alma mater aseguró en un comunicado que el proceso judicial adelantado contra Jaller, su esposa y otros señalados "ha avanzado de manera lenta". 

"Insistimos en la necesidad de que se emprendan las acciones pertinentes contra el exrector Jaller y los demás integrantes del clan, con el fin de recuperar el dinero saqueado", indicó la institución en un comunicado, y agregó: "Dichos recursos que nosotros, en nuestra calidad de víctimas, estimamos superan los $30 mil millones de pesos pertenecen legítimamente a nuestros estudiantes".

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La institución  hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que haga uso de los mecanismos de cooperación judicial existentes con el gobierno de los Estados Unidos de América, "a efectos de lograr la captura y extradición de Jaller".

El año pasado el ente acusador le formuló imputación al exrector y a Ivón Acosta, su esposa, por presuntamente estar implicados en un detrimento patrimonial de $8.502 millones en la universidad.

En la diligencia, la Fiscalía aseveró que Jaller tuvo un incremento patrimonial de $8.000 millones, al parecer, por el supuesto desfalco a la Universidad Metropolitana.  

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La Fiscalía les imputó los delitos de abuso de confianza calificado y agravado, daño informático agravado y ocultamiento, obstrucción y destrucción de material probatorio. Acosta fue recriminada por fraude procesal y falsedad en documento privado.

Según la Fiscalía, Jaller creó nuevos cargos y dispuso la creación de otros que no hacían parte de la estructura de la entidad, generando una carga presupuestal de más de $1.000 millones.

Así mismo, reveló que presuntamente estableció una nómina paralela de seis cargos que ya estaba siendo ocupados por otras personas, originando una carga presupuestal a la Universidad de $333 millones. Y estableció que el exrector habría firmado contratos ficticios por más de $6.000 millones.