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En el Congreso de la República ya quedó radicado el proyecto de ley estatutaria que busca reglamentar la protesta social en Colombia y que ha generado polémica en las últimas semanas.
La iniciativa tuvo que ser modificada sustancialmente debido a las críticas que recibió de algunos sectores. El senador conservador Juan Diego Gómez, autor de la propuesta, explicó que tres de los puntos más polémicos fueron excluidos, por considerarlos inconvenientes.
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Los artículos que fueron eliminados son:
- El que permitía a la Policía utilizar armas Taser para controlar a los manifestantes.
- El que sancionaba con la pérdida de créditos del Icetex a estudiantes que cometan vandalismo.
- El que obligaba a los organizadores de marchas a comprar una póliza para responder por posibles daños.
Sin embargo, en la ley se mantendrán medidas como la que plantea una prohibición para el uso de capuchas durante las movilizaciones y la restricción de adelantar concentraciones a menos de 500 metros de hospitales, aeropuertos y bienes culturales del Estado.
“Queremos que este proyecto de ley sea la base para la discusión de la reglamentación de la protesta (..) Lo que trae el proyecto es que se prohíbe la utilización de armas mortales y eso obliga a que la utilización sea únicamente de armas no letales, o armas disuasivas que se requieren”, indicó.
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Pero aclaró que “todo esto es en el marco de un protocolo que sería revisado cada seis meses, que garantice el respeto por los derechos humanos, por el debido proceso, el uso proporcional de la fuerza y el respeto de la vida e integridad de quien se manifiesta”.
El congresista reconoce que el proyecto de ley podría sufrir otros cambios en su trámite por el Congreso, pero se mostró abierto a discutir el tema con todos los sectores políticos y sociales del país.
Gómez dijo además que la aprobación de esta iniciativa es fundamental, ya que la única manera de proteger los derechos de los protestantes y también de quienes no participan en las movilizaciones, es a través de una ley estatutaria y no de un protocolo o decreto expedido por el Gobierno.
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“La orden de la Corte Constitucional dispone que los derechos, como el derecho a la manifestación pacífica, el cual compone otros derechos adicionales como la libre expresión, deben ser reglamentados necesariamente mediante una ley estatutaria”, manifestó.
Este proyecto de ley estatutaria promete ser uno de los más discutidos en el Congreso de la República, durante el nuevo periodo legislativo que comienza en marzo del 2020.
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