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Los cargos formulados por la Superintendencia de Servicios Domiciliarios se relacionan con violaciones legales y regulatorias que pudieron afectar la prestación del servicio de energía y el suministro de la misma a los usuarios.
El hecho investigado es el incendio en la central hidroeléctrica de Guatapé (Antioquia), el pasado 15 de febrero, el cual puso en peligro la vida de los operarios y que influyó en que gobierno importara electricidad desde Ecuador y aumentara el riesgo de racionamiento en el país.
El vicepresidente ejecutivo de Gestión de Negocios de EPM, John Alberto Maya Salazar, afirmó que "los daños, los cables, tienen un costo cercano a 25 millones de dólares que son cubiertos en su totalidad por la aseguradora. Hay un deducible y este dependía de la duración que estuviera inactiva la Central; mientras más estuviera inactiva más le costaba a la aseguradora".
Salazar aseguró que la empresa siempre ha colaborado con las autoridades para esclarecer los hechos ocurridos en las centrales, y destacó los trabajos que permitieron poner en servicio la hidroeléctrica, dos meses antes de lo previsto.
"Siempre se ha hecho un seguimiento con las autoridades para mirar la evolución que ha tenido la reparación del daño. Esperamos que esta investigación llegue a un feliz término, y somos respetuosos de la decisión que tome esta entidad", concluyó el Vicepresidente ejecutivo de gestión de negocios de Epm.
En la investigación formal que abrió Superservicios, se busca establecer si hubo responsabilidad de las directivas de EPM en el mantenimiento oportuno de los cables que ocasionaron el incendio; de acuerdo al resultado, se realizará o no una sanción.
