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26 Abr 2018 08:01 AM

SIC: nuevo cartel de la contratación estatal podría seguir contratando con el Estado

El organismo de vigilancia propuso que se adelanta una norma para inhabilitar a las empresas involucradas en estos hechos irregulares.
La
Fm

El superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Jorge Enrique Sánchez, advirtió que las empresas implicadas en el cartel de la contratación estatal, pueden, al otro día de haber sido descubiertas, contratar de nuevo con el Estado, debido a que no hay una norma que los inhabilite para adelantar esta actividad.

La advertencia la hizo el funcionario a propósito del pliego de cargos que el organismo elevó contra 23 empresas y 23 personas naturales, por presuntamente hacer parte de este cartel que participó en 101 procesos de contratación, con varias entidades, entre la Fiscalía, el Sena, las Gobernaciones de Cundinamarca y Antioquia, entre otras.

"Este tema de la inhabilidad a nosotros nos parece escandaloso, que una persona que ha cometido estas conductas pueda, al otro día, buscar contratar de nuevo con el Estado".

Sánchez recordó que hace dos años, el organismo impulsó un proyecto que no tuvo éxito en el Congreso, con el cual se buscaba inhabilitad a estos contratistas, si cometían hechos de corrupción.

Según el funcionario, las multas a que podrían hacerse acreedores estas empresas y contratistas vinculados a este caso de cartelización llegan a los $78.000 millones para las sociedades y a 2.500 millones para las personas naturales.

El Delegado señaló que estos hechos podrían incluso tener connotación penal, con condenas entre 6 y 12 años de cárcel.

Indicó que estas conductas irregulares ocurrieron entre los años 2014 y 2017.

Recordó que en el último año se constituyó un grupo élite que se ha encargado de desenmascarar estos actos delictivos.

La estrategia de estos contratistas, a los que Sánchez calificó de profesionales de la contratación pública, era ponerse de acuerdo para que no hubiera puja en los procesos contractuales y el Estado tuviera que contratar con el máximo precio propuesto por una de las empresas.

Los contratos que ganaron estas empresas ascienden a los $73.000 millones.