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Astrid Helena Cristancho, hasta hoy secretaria privada de Jorge Armando Otálora, renunció al cargo. "Usted sabe que al principio puse límites que creía necesarios cuando usted me insultaba o me gritaba. Hoy, más de dos años después, eso nunca ha dejado de pasar. (…) Usted sabe que su mal genio y su incapacidad para controlarse son casi permanentes y muchas veces por hechos insignificantes. (…) Los gritos que usted emitió dentro y fuera de la oficina son escalofriantes y me han mantenido en zozobra todo el tiempo", dice la misiva.
"Estoy segura de que ninguno de mis compañeros discute su gran trabajo, pero el reconocimiento de su buena labor no lo faculta pata maltratar. Ningún empleado de ninguna entidad pública o privada debe dejarse agredir sólo porque el líder de la entidad tiene buena imagen externa o por miedo a la represalias o a perder el empleo", agrega.
La carta se conoce pocos días después de que LA F.m. publicara otra denuncia que da cuenta de presuntos maltratos por parte de Otálora a sus empleados y tras la publicación en la revista Semana de una columna que aborda el tema. Juan Manuel Osorio, ex defensor delegado para la orientación de las víctimas del conflicto armado, tomó la misma decisión que la secretaria privada de Otálora al asegurar en LA F.m. que es normal que el defensor del Pueblo insulte y humille a sus empleados. "Eso lo experimente y me afectó de manera muy profunda", dijo. (Consulte aquí la entrevista con Osorio).
Al margen de las declaraciones de Osorio, una funcionaria de prensa de la Defensoría publicó una carta refiriéndose al tema y defendiendo la forma de proceder del defensor (consulte aquí la misiva). Y, aparte,el periodista Daniel Coronell denunció este caso en su columna .
A continuación, la carta de renuncia de la secretaria privada de la Defensoría:
Al respecto, la Defensoría emitió este comunicado:
"A propósito de las versiones de algunos ex empleados de la Institución respecto a presuntas conductas de maltrato laboral, el Defensor del Pueblo informa a la opinión pública:
1. Que lamenta profundamente esta situación, la cual afecta la buena imagen institucional y su misión constitucional, justamente inspirada en los principios de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.
2. Tal como lo dispone la ley, una de las primeras determinaciones adoptadas por esta administración desde el 12 de abril de 2013 (Resolución 531), fue la de conformar un comité de convivencia para atender eventuales episodios de maltrato interno, adelantar las investigaciones correspondientes y, de ser necesario, dar traslado a las entidades competentes.
3. Durante la vigencia del Comité de Convivencia de la Defensoría del Pueblo, nidurante los 30 años de servicio público prestado por Jorge Armando Otálora Gómez, ha sido objeto de queja o denuncia formal en su contra por maltrato laboral.
4. Tras el anuncio del Ministerio del Trabajo sobre la decisión de adelantar una investigación a través de sus inspectores laborales para establecer la veracidad de las versiones ventiladas a través de los medios de comunicación, el Defensor del Pueblo expresó su total apertura y colaboración, a fin de que haya plena claridad frente al tema."
