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El presidente Juan Manuel Santos objetó la ley que eliminaba el pago de reconexión de servicios públicos para estratos 1, 2 y 3 al considerarla inconstitucional.
De acuerdo con la oficina jurídica de la Presidencia, uno de los argumentos para objetar esta ley es que “excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos”.
Además, el Presidente consideró que vulnera el artículo 367 de la Constitución Política el cual dice que “la ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.
De hecho, el Gobierno aseguró que las empresas "sí incurren en gastos cuando se ven en gastos operativos, técnicos y administrativos cuando se ven abocadas a efectuar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o suspensión del mismo por una razón imputable al usuario o suscriptor, como lo es la mora en el pago”.
Por otro lado, desde Casa de Nariño se argumenta que los deudores morosos están en la obligación de ponerse al día y si se aprueba esta ley sería “premiar” a las personas que no pagan a tiempo.
“La exoneración del pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio de solidaridad, pues constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus obligaciones, incluidas las de menos ingresos”, dice uno de los argumentos de la Presidencia.
De esta manera, el Congreso deberá decidir si acepta o no las objeciones del presidente; en caso que no las acepte, esta ley pasará a revisión de la Corte Constitucional, pero en caso de que sí lo haga, se hundiría.
Es por esto que por el momento los hogares de estratos 1, 2 y 3 deberán seguir pagando por la reconexión de los servicios públicos.
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