¿Profamilia aumentó sus ingresos mientras aumentaron los casos de aborto?

Este año la Corte Constitucional como ya es sabido deberá tomar una decisión que podría decidirse en dos vías. O despenalizar completamente el aborto que es lo que parece que va a argumentar el magistrado ponente, Alejandro Linares, o penalizarlo incluso en las tres vías en las que ya la Corte lo aprobó desde el 2006, aunque será difícil que eso ocurra por las decisiones constitucionales de hace años. Que se vuelva a penalizar es justamente lo que pide la tutela que ha abierto de nuevo la discusión. 

Profamilia emitió un concepto hace pocos días solicitándole a la Corte Constitucional que despenalice por completo el aborto. En su argumentación la entidad señaló datos reales. Entre 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por aborto de acuerdo a la Fiscalía General. En el 2017, la cifras más recientes, todavía estaban activos 1.604 procesos penales por aborto contra mujeres, y solo el año pasado se lograron evitar más de 370.000 casos de aborto inseguro. 

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Sin embargo, la entidad no declaró un conflicto de intereses al generar ingresos por los procedimientos de interrupción del embarazo. La FM consultó las cifras oficiales de la ADRES y las propias cifras de Profamilia sobre la práctica de interrupciones del embarazo. Hay una relación entre el aumento de interrupciones del embarazo practicados por Profamilia y la cantidad de ingresos que recibió la entidad de parte de las EPS con las que realizó contratos para brindar todos sus servicios. 

La forma en la que funcionan los giros a Profamilia no es directa. La ADRES le gira los recursos a las EPS y estas realizan contratos con diferentes IPS en todas las regiones en las que operan para garantizar los servicios a los que sus pacientes tengan derecho. Profamilia es una de las entidades más reconocidas en el país en temas de educación sexual y la que más calidad ofrece en la interrupción de embarazos amparados por la corte, de acuerdo a los diferentes protocolos médicos que existen para este procedimiento. 

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Según información obtenida por La FM, Profamilia obtuvo en ambos regímenes en el 2016 $ 20.358 millones de pesos. Ese año la entidad realizó un total de 6.440 interrupciones del embarazo. 
En el 2017 Profamilia recibió cerca de $ 22.400 millones, y realizó 10.514 interrupciones. Al rededor de 4.000 más que el año anterior junto con más de $ 2.000 millones de aumento en sus ingresos. 

En el 2018 la entidad recibió $ 26.970 millones y 16.870 procedimientos de aborto. Mientras que las interrupciones aumentaron en más de 6.000, paralelamente los recursos aumentaron esta vez en  más de $ 4.000 millones. 

Y, finalmente, el año pasado Profamilia recibió en recursos del sistema de salud $ 29.993 millones y realizó 22.146 procedimientos de aborto. Los ingresos volvieron a aumentar en más de $ 3.000 millones y la cifra de interrupciones en 5276. 

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En total, en cuatro años Profamilia realizó cerca de 56.000 interrupciones del embarazo y recibió de recursos del sistema de salud cerca de $ 100.000 millones de pesos. 

Esa cifra corresponde a todos los servicios prestados por Profamilia en su portafolio de oferta. La FM le preguntó directamente a la organización, cuánto recibió de forma puntual por las cifras de interrupción del embarazo. Esta fue su respuesta: 

“Profamilia no cuenta con esa información de manera desagregada, esto porque cada EPS es autónoma en la distribución de los porcentajes de la UPC que asigna a: atención primaria, secundaria y terciaria. En ese sentido, Profamilia cumple con lo dispuesto haciendo reporte ante los sistemas de información del Ministerio de Salud y de los respectivos entes territoriales. Por tal motivo, sugerimos consultar con dichas entidades que reciben y clasifican la totalidad de los datos”. 

Cuestionado el Ministerio de Salud sobre la cifra estandarizada para los procedimientos de interrupción del embarazo, la cartera tampoco contestó. 

Aunque Profamilia ha argumentado de acuerdo a la necesidad de garantizar la dignidad y la salud pública, para las mujeres que tienen derecho a abortar ante la Corte, las cifras del aumento de abortos y de ingresos percibidos por la entidad demuestran que también significa un negocio que genera utilidad por lo que podría haber un conflicto de intereses en sus posturas.