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La Procuraduría General reportó que la comisión delegada por ese organismo ya ha atendido a 105 familias víctimas de desplazamiento forzado y violencia por cuenta de los enfrentamientos armados que se registran entre grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN en los municipios de Tame, Saravena, Fortul, Arauquita y Arauca y la zona de frontera con Venezuela.
Los funcionarios de la Procuraduría también han recibido, hasta el momento, cuatro declaraciones masivas de ocho comunidades que debieron desplazarse por cuenta de los enfrentamientos.
De igual forma, continúa verificando el cumplimiento de los protocolos de atención y la respuesta adecuada de las instituciones y por ello, se han realizado ocho espacios de diálogo con la sociedad civil y 15 más de seguimiento para conocer de primera mano cómo avanza la problemática social y gestionar el ajuste de los protocolos y rutas de atención de las entidades, con el fin de resolver de manera efectiva cada situación.
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Por instrucciones de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, el procurador delegado para los Derechos Humanos Javier Sarmiento Olarte, sostendrá este viernes nuevas mesas de trabajo con alcaldes y personeros para verificar la atención adecuada de todas las víctimas en la zona.
De otra parte, las procuradurías delegadas para el seguimiento al Acuerdo de Paz y para la Defensa de los Derechos Humanos han requerido por escrito a alcaldes y personeros de los municipios mencionados, solicitando informes oficiales sobre las gestiones desarrolladas frente a la crisis humanitaria.
Igualmente, el Ministerio Público requirió a las Fuerzas Militares y a la Unidad para las Víctimas para que activen los diferentes protocolos de atención y dispongan de los recursos económicos, físicos y humanos necesarios para atender la emergencia.
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“La Procuraduría está haciendo presencia de manera permanente en estos municipios, para atender a las personas y familias que llegan desplazadas de las diferentes zonas rurales y de la línea fronteriza, para verificar su ingreso efectivo a la ruta de atención estatal dispuesta para protegerlos y solventar sus necesidades”, indicó el Ministerio Público.
