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Según la Procuraduría, tras acompañar el proceso de empalme entre el distrito de Santa Marta y Metroagua, se evidenciaron múltiples irregularidades como la deficiencia de prestación de servicios y en el proceso contractual.
El procurador General, Fernando Carrillo, señaló que se evidencia un problema de corrupción y por ello es necesario iniciar unas indagaciones para establecer la responsabilidad de funcionarios públicos en contrataciones fraudulentas que afectó la prestación de este servicio público.
“Le estamos pasando a nuestros procuradores delegados la responsabilidad de iniciar unas indagaciones en Santa Marta, Barranquilla, Riohacha y otras ciudades del país donde esas empresas han operado; nuevamente estamos frente a un tema de justicia global donde hay que respetar los derechos de quienes han sido víctimas si aquí se comprueba sobornos y saber cuáles eran los contactos que tenía esta multinacional en Colombia”, señaló el procurador Carrillo.
Dentro del informe que emitió la Procuraduría, se advirtió irregularidades relacionadas con “el contrato de arrendamiento y sus otrosíes que permitió la operación del servicio de acueducto y alcantarillado por más de 20 años a Metroagua, con cláusulas que afectaban al distrito de Santa Marta como arrendador, toda vez que del 33% de la facturación bruta que se pactó como canon de arrendamiento inicial se pasó a un 2%”.
