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Tras la denuncia que hiciera la Defensoría del Pueblo sobre el peaje que estaría cobrando las Farc en Miraflores, Guaviare, para dejar pasar los alimentos destinados a varias instituciones educativas, el procurador Alejandro Ordoñez se pronunció al respecto, afirmando que este accionar de la guerrilla es consecuencia de que el Gobierno no haya dejado las normas claras antes de iniciar los diálogos con el grupo subversivo, puesto que no se les planteó las exigencias previas al acuerdo.
El procurador cuestionó también el hecho de que con el aparente cobro de este peaje, se están realizando acciones violentas contra la población civil y se está afectando directamente el bienestar de niños que no deberían verse afectados por el conflicto.
“Son hechos que se hubieran podido evitar si se hubiera exigido desde un primer momento, desde cuando se iniciaron las conversaciones, el cese de las acciones violentas contra la población civil y eso es lo que no se ha hecho y no se hizo y por eso se presentan esos escenarios”, indicó Ordóñez.
Hay que recordar, que el contratista de los suministros alimenticios para los colegios, había enviado una carta a la Gobernación de Guaviare, poniendo en conocimiento los hechos.
En la misiva relataba que los guerrilleros se ubicaron a un costado del río Urilla, condicionando el paso de la embarcación a un pago para permitir el paso de los alimentos que eran transportados allí.
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