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La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República confirmó la existencia de cinco elefantes blancos, por valor de $93.333'846.115,en los municipios de San Pelayo, Canalete, Puerto Escondido, Montería y Moñitos.
El organismo de control también descubrió 23 contratos, clasificados como proyectos críticos, por valor de 299.134'762.344,42, en los municipios de Ayapel, Lorica y Montelíbano, para un total de $350.860 millones.
El organismo de control también adelanta investigaciones en cuatro casos emblemáticos que suman posibles daños patrimoniales por más de $22.000 millones de pesos en varias entidades.
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También un proceso de responsabilidad fiscal en la Corporación Ambiental de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 029 del 29-10-2010 de saneamiento básico en distintos municipios de Córdoba, que ocasionaron un supuesto detrimento patrimonial que asciende a la suma de $4.158.2 millones por una gestión ineficaz.
También investigan el proyecto de urbanización ciudad del futuro en el municipio de Puerto Escondido Fonvivienda que asignó 86 subsidios y se descubrió que 76 viviendas están en obra negra de las que a la fecha se encuentran ocupadas un total de 24 y ninguna de ellas es habitable debido a que no poseen aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, con presunto detrimento patrimonial que asciende a la suma de $523.9 millones.
Otro proceso de responsabilidad fiscal en los recaudos de remanentes financieros en los períodos 2009- 2010 y 2011, donde se encontraron faltantes de fondos que ocasionaron un presunto detrimento patrimonial, que asciende a la suma de $2.524.0 millones, en el manejo de la cuenta de ahorros no.4-2703-002768-3 a nombre del Instituto de Seguros Sociales en Montería.
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Finalmente, se cuestionó a la Gobernación de Córdoba porque reconoció y realizó pagos por conceptos de servicios de salud a las IPS Fundenal IPS, Funtierra Rehabilitación, Semillas de Esperanza, Unidad Integral de Terapias de la Costa y Unidad Integral de Terapias, UIT.
Según la Contraloría, estos pagos fueron realizados mediante paquetes integrales de neuro-rehabilitación sin verificar que los procedimientos o servicios solicitados para autorización y pago estuviesen contemplados en el POS, que ocasionaron un presunto detrimento patrimonial que asciende a la suma de $15.173,2 millones.
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