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La Fiscalía General de la Nación investiga un total de 85 personas por el desvío de millonarios recursos de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) en el país.
De acuerdo con los investigadores de Policía Judicial de la Fiscalía, del total de procesados ya se encuentran en calidad de indiciados 49 funcionarios y exservidores públicos.
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De acuerdo con los peritos a cargo de estas investigaciones penales, 28 de los funcionarios y exfuncionarios están en la mira por actuaciones emprendidas como servidores en diferentes alcaldías del país y otros 21 por hechos ocurridos durante su gestión en diversas Gobernaciones.
El informe destacó que en el transcurso de este año los fiscales llevaron a cabo toda una serie de actuaciones judiciales, en un total de 86 casos de posibles hechos de corrupción con relación a los programas de alimentación escolar, para impulsar y lograr mayores avances en dichos procesos penales.
En desarrollo de estas actuaciones judiciales, la Fiscalía precisó que 79 procesos se encuentran en fase de indagación preliminar, 30 en etapa de investigación formal y 4 en audiencia de juicio oral.
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Las modalidades criminales más cometidas detectadas por los investigadores en estos hechos de corrupción, se relacionan con graves irregularidades descubiertas en los pre contratos, millonarios sobrecostos, favorecimientos en la contratación, mala calidad en los productos y alimentos entregados a los menores favorecidos y otras inconsistencias en esas raciones suministradas.
El 'top' de los tres delitos más investigados e imputados a los responsables en estos casos de corrupción son: contrato sin cumplimiento de requisitos legales con el 46%, peculado por apropiación en un 31% e interés indebido en la celebración de contratos con un 8%.
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Las regiones y el desangre de recursos
Los fiscales también identificaron las zonas más afectadas por este desangre a los recursos del PAE, en las que se destacan Bolívar, Atlántico, Sucre, Huila, Cesar, Magdalena, Santander y Cauca.
Otras de las regiones más afectadas por estas actuaciones son Antioquia, Caldas, Meta, Arauca, Caquetá, Cundinamarca, Bogotá, La Guajira, Norte de Santander, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Chocó, Córdoba y Quindío.
De acuerdo con los peritos a cargo de estos casos, los contratos y convenios con relación a estos programas han comprometido millonarios recursos. Solo hasta finales de diciembre pasado, dichos dineros ascendieron a más de 65 mil millones de pesos.
La Fiscalía avanza en un consolidado para actualizar los registros de sentencias condenatorias sobre estos hechos de corrupción, luego de que la Contraloría General de la República alertara por nuevos hallazgos relacionados por 28 mil raciones de alimentos que contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entregaron a 15 mil beneficiarios fallecidos.
