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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Eduardo Cifuentes, se refirió a las primeras imputaciones de ese tribunal a 10 militares y un civil, en el macrocaso de los denominados 'falsos positivos'.
El magistrado Cifuentes aseguró que "hubo un patrón criminal" de los implicados, en los asesinatos y desapariciones de al menos 120 personas que fueron presentadas como bajas en combates en el Catatumbo entre 2007 y 2008.
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En ese sentido, el presidente de la JEP describió a los responsables como "un grupo criminal enquistado en las instituciones".
Advirtió que estos hechos no habrían ocurrido, "si no hubiera existido esa política institucional del conteo de cuerpos", como requisito para medir efectividad de los comandantes.
"Se trata del caso 003, donde la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Aceptación de Hechos y Conductas, dividió este caso con el objeto de investigar y juzgar esta conducta en relación con diferentes unidades militares. Este en específico, se refiere a los asesinatos que se dieron en la zona del Catatumbo (Norte de Santander) entre enero de 2007 y agosto de 2008", indicó Cifuentes.
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De acuerdo con el magistrado Cifuentes, "este ha sido uno de los actos judiciales más exhaustivos, nutritivos y completos de la historia, que se hizo con base en las versiones de los comparecientes, en los informes de las víctimas y que determina cómo se llevaron a cabo estas acciones, su planificación, cómo se ordenaron, cómo se ejecutaron, cuál fue el patrón criminal que determinó su 'modus operandi'... se trata de 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas atribuibles al Ejército".
Reveló que este patrón tuvo dos modalidades. "Inicialmente fueron labriegos, agricultores, vendedores informales y comerciantes entre otros, que habitaban en la zona del Catatumbo y con base en engaños fueron objetivos por parte de estas unidades militares, para luego ser asesinados por fuera de combate en escenarios adulterados", dijo.
Explicó que "una vez la población advirtió que habían muerto vecinos, familiares y personas que no tenían el carácter de guerrilleros o combatientes, se cambió el patrón y estas dos unidades militares procedieron a hacer reclutamientos atrayendo personas de otras zonas del país como Bogotá y Soacha para asesinarlas en las mismas condiciones. Esto hace parte de un patrón criminal que se repite de manera uniforme y que era una organización criminal enquistada en estas divisiones".
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Cifuentes advirtió en RCN Radio que esta decisión contiene un relato judicial completo, "debidamente sustentado con las pruebas correspondientes de un delito de sistema y para esos efectos, se explica en el contexto en donde en esa época en esta zona del país proliferaban los grupos subversivos y el narcotráfico. La guerrilla estaba replegada en las montañas y el pie de fuerza se incrementó notoriamente".
Señaló que esa situación ocasionó una "presión para un conteo de cuerpos, como una política que se traducía en un indicador de bajas en combate... se medía la efectividad y la eficacia de las unidades militares para calificar el desempeño de los comandantes".
El presidente de la JEP concluyó que los imputados tienen 30 días para decidir si reconocen estos hechos y aceptan su responsabilidad, o si por el contrario, los rechazan.
En ese mismo periodo, las víctimas acreditadas en el macrocaso y la Procuraduría pueden allegar sus comentarios frente a lo que ha presentado la JEP.
