La FM en Google News
En diciembre del año pasado se iniciaron los tramites para modificar el plan de manejo ambiental que permitiría reanudad el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante el uso del glifosato.
Pero por la pandemía del coronavirus por la COVID-19, el pasado 16 de abril la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) convocó a audiencias virtuales para resolver el tema.
Sin embargo, organizaciones como Dejusticia y la Corporación Acción Técnica Social piden suspender esas audiencias virtuales hasta que finalice la pandemia.
Lea también: Tragedia en el Río Magdalena enciende las alarmas por paseos en la cuarentena
Señalan que en la mayoría de las regiones del país donde se va a usar el herbicida no cuenta con la infraestructura tecnológica para desarrollar ese tipo de audiencias.
Lo anterior quiere decir que algunas de las comunidades que se verían directamente afectadas por el glifosato, no cuentan con Internet o tienen problemas de analfabetismo digital.
“La conectividad digital en los territorios donde se pretenden reanudar las fumigaciones aéreas es deficiente (…) una medida que a todas luces restringe el derecho a la participación en la toma de decisiones ambientales”, advierte Dejusticia.
La organización judicial evidenció, con cifras del Dane, que los departamentos donde se pretende aplicar el herbicida no tienen internet.
“En Vichada menos del 1% de hogares cuenta con este servicio y en el Valle del Cauca este porcentaje alcanza el 21,24%, en el mejor de los casos uno de cada cinco hogares tiene conexión a internet”, precisó.
Más en: Iván Duque designó a Karen Abudinen como nueva ministra de las TIC
Además, advierten que si bien la propuesta es facilitar la escucha de la audiencia virtual por Facebook, YouTube o radio, eso no garantizaría la participación activa de las comunidades.
“Mientras en el Valle del Cauca la tasa de analfabetismo alcanza al 7,04% de la población mayor de 15 años, en el Chocó es del 22,22%. Esto refleja que los medios digitales serían un gran obstáculo para la participación, pues una parte importante de la población potencialmente afectada no podría ser escuchada, ni presentar sus dudas, ni leer el documento preparatorio para la audiencia, por el simple hecho de no saber leer ni escribir”, precisa el documento.
