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El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, uno de los demandantes de la ley de víctimas 1448 de 2011, solicitó a la sala plena de la Corte Constitucional que tumbe uno de los apartes de la norma que impone límites en el tiempo para reparar a todas las víctimas del conflicto armado en el marco de lo acordado y firmado con la extinta guerrilla.
Para Cristo, la eliminación de la ley afectaría directamente a las víctimas debido a que desaparecerían una serie de entidades que fueron creadas para proteger los derechos de esas personas.
“Desaparecen los tribunales de restitución de tierras, los proceso judiciales que están hoy en marcha. Esto es más de 700.000 hectáreas de tierra despojada quedarían sin sustento legal y también desapareciera la Unidad de Reparación de Víctimas y el Registro Único de Víctimas”, dijo.
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Señaló que el tiempo planteado en la ley 1448 de 2011 no es suficiente para reparar a todas las víctimas del conflicto armado en el marco de lo acordado y firmado con la extinta guerrilla. “En lugar de reparar se estaría cesando el accionar de dicho mecanismo que impediría la postura constitucional que se diseñó para la paz", señaló.
En el mismo sentido se pronunció el viceprocurador Juan Carlos Cortés, quien advirtió a la Corte que la desaparición de la ley conlleva a un vacío jurídico sobre la imposibilidad del Estado para cumplir con la reparación a las víctimas.
“La institucionalidad de paz quedaría sin piso jurídico (...) se generaría una condición de vacío que tendría un efecto contrario a la constitución porque desconocería las norma de los actos legislativos para el cumplimiento del acuerdo final de paz”, dijo.
Cortés también señaló que la importancia de la ley radica en el reconocimiento “de la existencia del conflicto armado” y el sistema integran de reparación, por lo cual “si desaparece el Estado tendría que generar nuevas rutas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.
El magistrado ponente José Fernando Rey, quien convocó la audiencia pública que se adelantó este jueves, plantea que en el desarrollo de la misma se esclarezca cual podría ser el impacto a los derechos de las víctimas de llegase a cumplir el termino en el tiempo que establece el artículo 208 de la ley.
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La audiencia pública también tuvo como fin evaluar los efectos específicos en la implementación en el acuerdo de paz y los derechos de las víctimas en caso de que se produzca pérdida de la vigencia de la ley 1448 de 2011.
En la audiencia también participaron Alberto Brunori, de la oficina del Alto Comisionado de la organización de Naciones Unidas, el ex comisionado de Paz Sergio Jaramillo, el senador José Obdulio Gaviria y Viviana Newman, de la organización Dejusticia.
