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El jefe del ministerio público se refirió a la revocatoria por parte del Gobierno nacional a la licencia que permitía la exploración de hidrocarburos en los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán, otorgada a la empresa Hupecol, y manifestó que hubo irresponsabilidad e improvisación.
Ordóñez enfatizó que “los actos administrativos no se revocan o se suspenden por Twitter, por muy importante que sea el tuitero”, e insistió en que “los procesos se deshacen como se hacen”. Además , el procuradorseñaló que el hecho afecta la confianza en las ‘reglas de juego’, debido a que las decisiones no se pueden tomar pensando en las encuestas o en la presión de la opinión pública.
El procurador instó a cuestionar: ¿Qué hubiese pasado si el hecho no lo conoce la opinión pública?, al mismo tiempo, Ordóñez calificó de absurdo que en un proceso de licenciamiento, que duró de más de cinco años, las autoridades correspondientes sólo se percatan del impacto que tendría en La Macarena “cuando se desata el escándalo”.
Agregó que el episodio del revocamiento de la licencia afectó la imagen del sector minero ante la opinión pública, y así mismo, la imagen del Estado frente al sector privado para la actividad extractiva.
Cabe resaltar que Hupecol, a quien se otorgó la licencia, manifestó su respeto por la revocatoria en La Macarena, pero no descarta demandar al Estado por dicha decisión.
