Ofensiva contra la deforestación en el Meta

Una dura situación ambiental se vive en el departamento del Meta por cuenta de la tala indiscriminada de árboles para el desarrollo de cultivos de coca, ganadería extensiva, acaparamiento de tierras y venta ilegal de madera.

Y es que, según informó la gobernación, desde 2013 se han deforestado más de 200.000 hectáreas de bosque, lo equivalente al 80 % del área de Bogotá. A diario se tala una zona similar al tamaño de 140 canchas de fútbol.

Por esta razón, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga anunció una lucha sin piedad para detener el ecocidio histórico al que se ve expuesto el Meta. “El año pasado nos comprometimos a afrontar una guerra que no podemos perder: la lucha contra la deforestación. El Meta, que en los últimos años ha mostrado unas cifras vergonzosas, se va a convertir en un departamento modelo en esta lucha”, afirmó.

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En el marco de esta lucha ya fue capturado y judicializado el pasado 24 enero Vidal Rojas Herrera, señalado como uno de los presuntos responsables de la ganadería extensiva en los Parques Naturales de la zona Orinoquia, especialmente de Tinigua. Le fue imputado los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales e invasión de área de especial importancia ecológica agravado e incendio.

Rojas Herrera, además, hace parte de una lista de 56 personas investigadas por las autoridades que estarían realizando pastoreo de ganado dentro de las zonas protegidas de esa región del país. Según cifras de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a corte del 31 de diciembre de 2020, en la Orinoquia se han perdido 6.908 hectáreas por esta práctica ilegal: a la serranía de La Macarena le han arrasado 3.292; en el Tinigua (frontera entre Meta y Caquetá) los bosques deforestados llegan a las 3.275 hectáreas, y en el parque de Los Picachos, a 341 hectáreas.

Sin embargó, de acuerdo con lo explicado con el gobernado Zuluaga, los ganaderos inescrupulosos no son los únicos responsables. En esta zona del país también delinquen las disidencias de las Farc y grupos armados organizados.

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“Estos bandidos ofrecen hasta cinco millones de pesos por cada hectárea de bosque talada y quemada, sumando así 7.000 hectáreas boscosas en el primer semestre de 2020 en el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) y 23.000 hectáreas en todo el departamento durante el mismo tiempo”, aseguró Zuluaga.

Asimismo, agregó: “Esta devastación está impulsada exclusivamente para el desarrollo de cultivos de coca, ganadería extensiva, acaparamiento de tierras y venta ilegal de madera. Esta actividad no la realizan pequeños campesinos, pues es evidente que estos motores de deforestación requieren grandes recursos que provienen de actividades ilegales”.