Ministerio de Ambiente abre consulta pública sobre decreto para implementar el Acuerdo de Escazú

El Ministerio de Ambiente abrió una consulta pública sobre el proyecto de decreto que busca crear la Comisión Intersectorial para la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia.

La consulta estará habilitada por 15 días calendario, desde el 1 hasta el 15 de agosto, y está dirigida a todos los sectores de la ciudadanía.

La comisión estaría encargada de coordinar las acciones del Estado para garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales. También buscaría fortalecer las medidas de protección para personas y comunidades que defienden el ambiente y los territorios.

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El proceso de participación está abierto a personas defensoras del ambiente, comunidades locales, pueblos étnicos, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Las propuestas y observaciones pueden enviarse a través de un enlace publicado en el sitio web del Ministerio de Ambiente.

El Acuerdo de Escazú fue ratificado por Colombia en 2022, mediante la Ley 2273 y declarado exequible por la Corte Constitucional en septiembre de 2024. Este tratado internacional establece obligaciones en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

El decreto sometido a consulta tiene como propósito dar inicio a la implementación práctica del acuerdo mediante un plan de trabajo articulado entre las distintas carteras del Gobierno. La comisión intersectorial tendría la función de coordinar estas acciones y establecer mecanismos de gobernanza ambiental.

El proyecto incorpora enfoques de derechos humanos, género, étnico, territorial y generacional en su formulación. Esto busca garantizar que las decisiones y políticas públicas en temas ambientales reflejen la diversidad social y cultural del país.

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El decreto aún no ha sido aprobado y su contenido puede ser modificado con base en las observaciones recibidas durante el periodo de consulta. Esta sería la primera medida concreta para poner en marcha el acuerdo en el país desde su ratificación y revisión constitucional.