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El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se refirió al supuesto tráfico de uniformes en el Ejército Nacional y aseguró que ordenó las investigaciones pertinentes para corroborar la denuncia.
Los hechos se conocieron tras la captura, en el mes de agosto, de un sargento retirado, a quien al momento de su detención le hallaron una boina, 30 metros de tela camuflada y más elementos de intendencia.
"Conocí apenas el informe, pero ya puse a control interno a hacer el seguimiento, no tengo todavía ninguna información. Hasta donde yo sé, ha venido funcionando bien el tema de uniformes, pero si se tiene alguna irregularidad somos los primeros interesados en el Gobierno en que se rectifique", indicó Villegas.
Las investigaciones, en el caso del presunto cartel de uniformes, LA F.m. conoció que contrainteligencia del Ejército es quien lleva de manera minuciosa la investigación y en este momento intenta establecer la posible participación de uniformados en la tráfico de las prendas de intendencia.
Al respecto, el Ejército emitió el siguiente comunicado:
Después de varias semanas de investigación de Contrainteligencia del Ejército Nacional, el pasado 18 de agosto tropas del Batallón de Mantenimiento, con el apoyo judicial de la Policía Nacional, allanaron un predio en el sur de Bogotá, donde fueron incautados 32 metros de tela pixelada verde del Ejército Nacional, 4,5 metros de tela pixelada de la Fuerza Aérea Colombiana y algunos elementos de intendencia.
2. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas un sargento segundo retirado. Según la investigación, estas personas, al parecer, realizaban actividades ilegales de comercialización y fabricación de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
3. Actualmente el proceso sigue su curso ante las autoridades pertinentes y se siguen desarrollando actividades de inteligencia para, si es el caso, establecer si hay comprometidas más personas.
4. El Ejército Nacional continuará, como siempre, prestando todo el apoyo a las labores judiciales de investigación, en el marco de la política institucional de cero tolerancia con la corrupción.
Bogotá, 11 de noviembre de 2016
